Habilitan el mes de julio en las Cortes de Castilla y León como periodo extraordinario de sesiones

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, oída la Junta de Portavoces, ha acordado la habilitación como periodo extraordinario de sesiones del mes de julio de 2022 para la celebración de diversos asuntos, tal y como contempla el artículo 23.5 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

La habilitación del mes de julio, cuya iniciativa ha partido de la mayoría absoluta de los procuradores, estará destinada a la celebración de la Comisión de Economía y Hacienda para la comparecencia del presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, así como para las correspondientes propuestas de resolución.

Además, se habilita este periodo de forma extraordinaria para la tramitación, en la Comisión de la Presidencia, de los asuntos relativos al control de la aplicación del principio de subsidiariedad en los proyectos de acto legislativo de la Unión Europea.

La propuesta para habilitar un periodo extraordinario de sesiones viene amparada por el Estatuto de Autonomía, que en su artículo 23.5 señala que “las Cortes de Castilla y León se reunirán en sesiones ordinarias y extraordinarias.

Los periodos ordinarios de sesiones se celebrarán entre septiembre y diciembre, el primero, y entre febrero y junio, el segundo. Las sesiones extraordinarias habrán de ser convocadas por su presidente, con especificación del orden del día, a petición de la Junta, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los Procuradores, y serán clausuradas una vez agotado dicho orden del día.

Críticas de la oposición a los recortes a los sindicatos

Tras la celebración de la Mesa de las Cortes, los diferentes grupos explicaron las proposiciones que presentarán en el próximo pleno, pero el tema del que más se habló fue del anunció del vicepresidente, Juan García-Gallardo, de recortar las ayudas a los sindicatos y la patronal.

El portavoz del Grupo Mixto, Pablo Fernández (Podemos), pidió al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que cese a su “número dos”, por anunciar, sin acuerdo del Consejo de Gobierno, el recorte en las subvenciones a la patronal y sindicatos, mientras que Francisco Igea (Ciudadanos) exigió “la desautorización expresa” por el titular del Ejecutivo.

Fernández y Francisco Igea coincidieron en que Fernández Mañueco tiene que desautorizar a su vicepresidente por haber anunciado un recorte en las ayudas a los agentes sociales sin que se haya acordado en el Consejo de Gobierno, si bien el primero fue más lejos y planteó su cese.

“No se puede anunciar un acuerdo que no existe”, recalcó el exvicepresidente de la Junta y parlamentario de Ciudadanos, convencido de que el objetivo del anunció por parte de García-Gallardo fue electoral, justo el día del debate de los candidatos andaluces, que utilizó Macarena Olona en su intervención.

Por lo tanto, afirmó que el recorte es en este momento “una declaración de intenciones” al no contar con un acuerdo formal del Gobierno autonómico y confió en que “no siga más allá de la campaña andaluza”, pero también pidió a Fernández Mañueco que haga su función de coordinación de la acción de Gobierno y si no sabe se la deje a otro.

“Es un sainete”, sentenció tanto en referencia a cómo se anunció en la sede de la Junta y a que, después, Fernández Mañueco haya dicho a patronal y sindicatos que “estén tranquilos”, pues se reunirá el Consejo del Diálogo Social para analizar la medida anunciada por García-Gallardo.

Tanto Igea como Pablo Fernández acusaron al PP de “ir a rastras” y “hacer seguidismo” de Vox. “Es sorprendente el grado de humillación”, advirtió el procurador de Cs, que señaló que “es urgente que se termine con esta anomalía”, a la vez que calificó de “hincha ultrasur” al consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones.

El procurador de Podemos acusó también al vicepresidente de la Junta de “parasitar y hacer un uso torticero de las instituciones” y apuntó directamente a Fernández Mañueco por su “aquiescencia” y por “no decir nada” ante “el ataque” a las instituciones y a los agentes del diálogo social.

Precisamente, el próximo pleno de las Cortes debatirá una proposición no de ley del Grupo Socialista para reivindicar el trabajo del Diálogo Social, explicó la viceportavoz socialista, Patricia Gómez, que emplazó al PP a pronunciarse.

Gómez se refirió a la labor de la ministra de Industria, Reyes Maroto, y de los sindicatos para llegar a un acuerdo con los inversores y mantener los empleos en Siro y se preguntó dónde estaba el consejero de Industria de la Junta. “Menos mal que estaba el Gobierno y los sindicatos”, anotó Pablo Fernández, convencido de que si hubiera sido por Veganzones los trabajadores estarían ahora “en la calle”.