Inquietud entre las empresas alimentarias por la “voracidad” fiscal de Sánchez

La Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León (Vitartis) ha celebrado este martes una reunión de su Junta Directiva en Valladolid en la que han participado el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y el viceconsejero de Economía y Competitividad, Carlos Martín Tobalina.

Un encuentro en el que los empresarios del sector alimentario han trasladado al consejero su inquietud y honda preocupación por la “voracidad” fiscal del Gobierno de España para con las empresas españolas, y que según parece va a aumentar más a corto plazo como ya han dejado entrever algunos ministros.

“La coyuntura tan inquietante en la que estamos, que parece arrastrarnos hacia un escenario de estanflación, o incluso de recesión, preocupa sobremanera a los empresarios”, advierte Pedro Ruiz Aragoneses, presidente de Vitartis, quien considera que esta situación actual requiere una decidida apuesta de las administraciones por la contención del gasto corrientey un mayor apoyo a la actividad productiva.

El también consejero delegado de Alma Carraovejas asegura que los empresarios son conscientes de que la escalada de los precios exige medidas radicales, contrarias a la expansión del consumo interno, pero advierte de que si las administraciones no congelan su gasto corriente, el gran problema de este país volverá a ser el sector público y la financiación de su enorme deuda.

Pese a ello, el presidente de Vitartis agradecía al consejero la apuesta de la Junta por reducir impuestos y favorecer la competitividad de las empresas.

Plan de Agroindustria

Por otro lado, Ruiz Aragoneses defendía la importancia y también necesidad del futuro Plan de Agroindustria en el que trabaja la Junta y expresaba su confianza en que este sirva para dinamizar la industria agroalimentaria de Castilla y León así como de mejorar la competitividad, tanto en el mercado nacional como en el exterior”.

Sobre este Plan, Pedro Ruiz aseguraba que debería favorecer y lograr el entorno “más adecuado” para la actividad empresarial en el medio rural, garantizando el servicio de Internet y una conexión de calidad o el acceso a las grandes vías de comunicación, además de servicios públicos básicos y la coordinación y agilización de los trámites burocráticos que exigen las administraciones.