Pascual: “La Construcción tiene un problema gordo”

Malos tempos para el sector de la Construcción, y en un momento crucial tras haber recuperado el terreno perdido con la crisis de 2008 y ante la llegada de los fondos europeos que podrían dar el impulso necesario a este gremio que, por otra parte, necesita de mano de obra también.

Y es que el alza de los costes de las materias primas ha generado desequilibrios en los contratos públicos que tampoco se no ha solucionado con las compensaciones que se incluyeron en los dos reales decretos del Gobierno de España.

“La Construcción tiene en estos momentos un problema muy gordo porque las obras ejecutadas el pasado año y las iniciadas en este 2022 han generado un importante desequilibrio en los contratos públicos”, advertía este martes el presidente de la Cámara de Contratistas, Enrique Pascual, durante una jornada celebrada en Valladolid sobre revisión excepcional de precios en el ámbito de la obra pública.

Al respecto, Pascual ponía como ejemplo que obras que se licitaron por un millón de euros ahora tienen un sobrecoste cercano al 25 por ciento que las empresas no pueden asumir. “Antes, y de forma habitual, las empresas asumían la subida de precios dentro del normal riesgo y ventura de este tipo de obras, pero todo tiene un límite, y este ya se ha superado con creces”, apuntaba el presidente de los contratistas, para quien las compensaciones previstas por el alza de precios de las materias primas en los decretos aprobados por el Gobierno central “son insuficientes”.

“Apenas cubren el 40 por ciento de los 300 millones del endeudamiento del sector en 2021″, lamentaba Enrique Pascual, mientras alertaba también de la pérdida de empleo que esta situación va a provocar. En este sentido, aseguraba que por cada millón de euros que no se paga, se pierden unos 35 puestos de trabajo, entre directos e indirectos.

La consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, por su parte, ha reclamado este martes al Gobierno de España que amplíe el marco para la revisión de precios en los contratos públicos de obras, tanto en la tipología de contratos como en los materiales, ras la “fallida” previsión con la se aprobaron los dos reales decretos para favorecer a las empresas constructoras que realizaban trabajos para las administraciones.

La consejera ve necesario incluir todos aquellos componentes de la estructura de costes que tengan un peso relevante en la economía de los contratos públicos para así ofrecer mayor certidumbre a entidades públicas y contratistas.

“No se puede duda de la intención de la batería de medidas aprobadas por el Ejecutivo centro pero la diferencia entre los objetivos que se marcaron y los conseguidos es más que significativa”, decía la consejera, en declaraciones recogidas por Ical.

Además, citaba los ejemplos del precio del litro de la gasolina y el gasóleo, que no ha dejado de crecer hasta situarse por encima de los dos euros, y la denominada ‘excepción ibérica’ para topar el precio del gas que se utiliza para la generación de energía y que en los primeros días de su implementación no ha logrado frenar la escalada del precio del megavatio hora.

Y es que según las estimaciones del sector de la obra pública, de los casi 1.500 millones ejecutados de obra pública en la Comunidad en 2021 por parte de las administraciones central, autonómica y local, ha habido un sobrecoste de 300 millones de euros, lo que supone el 20 por ciento. Es decir, según Pascual las administraciones adeudan a los contratistas 300 millones de euros y se podrían llegar a compensar el 40 por ciento si se aplica lo recogido en los reales decretos.

Un porcentaje que es “insuficiente” para este sector y que según el presidente de los contratistas será muy difícil que pueda sobrevivir. De hecho, calcula que al menos un 30 por ciento de las empresas que se dedican a la obra pública y la construcción, con trabajadores y personal de industria auxiliar como los talleres de carpintería metálica, cerrajería o fontanería, podrían desaparecer.

La consecuencia de esta situación, según Pascual, es que se quedan desiertos los concursos públicos, al no revisarse los precios. De hecho, informó de que en 2021 fueron 120 las actuaciones sin contratista, frente a las 24 de 2020 y las 35 de 2019. Además, entre enero y abril, a fecha del 3 de mayo, se acumulaban ya 50 -cinco de la Administración Central, 14 de la autonómica y 31 de la entidades locales-.

Frente a ello, Pascual plantea que las empresas acudan a los tribunales del Contencioso Administrativo para reclamar al Estado un enriquecimiento injusto, al haber cambiado las condiciones en las que se firmó el contrato original, lo que obliga a restablecer el equilibrio económico, aunque supone entrar en un proceso “farragoso” que se dilatará en el tiempo.