El Consejo de Cuentas aconseja a las diputaciones recaudar directamente los tributos

El Consejo de Cuentas de Castilla y León recomienda a las nueve diputaciones provinciales la gestión directa de la recaudación de tributos, ya que solo existe este órgano en tres de ellas, donde saca los colores a la de Ávila por abusar de la externalización en servicios propios. Además, ve que la recaudación en fase ejecutiva es “muy baja” en todas, alerta del “alto grado de créditos” que se declaran “incobrables” y evidencia la alta deuda de ejercicios anteriores.

Así lo ponía de manifiesto el presidente del órgano de control, Mario Amilivia, en la presentación del informe de eficacia y eficiencia de gestión recaudatoria de las diputaciones, un análisis “pionero”, que el presidente del Consejo de Cuentas defendía porque “se ha puesto luz” en la advertencia de dos cuestiones de legalidad a las diputaciones de Ávila y de Burgos, a ésta por la colaboración de entidades financieras en la recaudación, y anotó que el aviso de alto grado de créditos sin cobrar, aunque no lo dice el informe, “está en la mente de todos” que puede llevar a “una responsabilidad contable”.

“Este informe va a poner luz donde no la había, sostuvo Amilivia, en relación a la baja recaudación en vía ejecutiva, inferior al 30 por ciento, si bien destacó la colaboración de las diputaciones al aportar datos al Consejo de Cuentas para esta fiscalización. También, destacó que el 95 por ciento de los ayuntamientos delegan en las diputaciones la recaudación, por lo que sin ellas “no habría municipalismo”, una “seña de identidad de la Comunidad.

En la presentación del informe, Amilivia se centraba en las recomendaciones y conclusiones, donde se pide que el Pleno de las de Ávila, Burgos, Palencia y Segovia debería aprobar una ordenanza general específicamente reguladora de la gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos locales delegados. En el caso de Burgos, dicha regulación debe incluir la relación con las entidades financieras colaboradoras, teniendo en cuenta el carácter no retribuido de esta colaboración.

A todas, excepto Salamanca, se recomienda que el órgano de recaudación incremente las actuaciones y procedimientos de verificación y comprobación tributarias. En las de Ávila, León y Segovia debería mejorarse el grado de recaudación en periodo voluntario de los impuestos ya que, con carácter general, se sitúa algo por debajo de la media.

También, el Consejo recomienda que en todas las diputaciones el órgano de recaudación debería mejorar la eficacia de sus actuaciones de apremio y embargo para el cobro de deudas en ejecutiva, y que en el caso de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca y Valladolid estas deberían incrementar la eficacia de la gestión recaudatoria promoviendo el aumento de ingresos mediante la repercusión de las costas del procedimiento de apremio a los obligados tributarios.

Finalmente, subrayaba que en las diputaciones de Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora, conforme a una adecuada metodología de costes, debería vigilarse el binomio coste/rendimiento del servicio de gestión tributaria y recaudación, a los efectos de controlar que la tasa establecida, apoyada en un estudio económico, no rebasa dicho coste.

Ciberseguridad

El análisis de la seguridad informática de varios ayuntamientos medianos de la Comunidad -Astorga, Béjar, Benavente, Ciudad Rodrigo, La Bañeza, Santa Marta de Tormes y Villaquilambre- por parte del Consejo de Cuentas de Castilla y León ha deparado unos resultados que evidencian que sus mecanismos de defensa no son proporcionales a las amenazas existentes.

”Las administraciones públicas, a la hora de acometer el desafío de la administración electrónica o de la prestación de servicios de asistencia online, deben ser conscientes de que se convierten en garantes de los datos de los ciudadanos y que ahora todo pasa por la seguridad informática”, resumía Amilivia.

El análisis se centraba en testar ocho controles básicos de seguridad orientados a mitigar los ataques más comunes y dañinos, y el presidente del Consejo de Cuentas llamaba a seguir las recomendaciones del Centro Criptológico Nacional, como referencia en esta materia.

Tras recordar que la amenaza de los ciberataques aumenta año tras año, el dirigente del Consejo de Cuentas defendía la necesidad de expandir la cultura de la ciberseguridad, y destacaba que, desde la fiscalización, los ayuntamientos han comenzado a contratar servicios u organizarse internamente para prevenir estos ataques.

”Queda un largo camino que recorrer, pero no es algo optativo. La fiabilidad de la información de nuestras administraciones, que es la de los ciudadanos, está en juego”, añadía.

Entre los problemas detectados en las entidades locales por el informe figuran la percepción propia de estos ayuntamientos como pequeños y por tanto sin necesidad de tener que cumplir con requisitos que solo ven proporcionados en administraciones de mayor tamaño, y la justificación en la falta de recursos, bien con el argumento de que la ciberseguridad no vende o por falta de impulso político, y la baja percepción del riesgo en algunos casos.

En cuanto a la contratación de servicios tecnológicos, en todos los casos analizados se encontraron “carencias muy relevantes y con respecto al uso de los servicios de la correspondiente diputación, los convenios son muy escuetos y los recursos se utilizan en otras ocasiones sin que se regulen formalmente las condiciones”.

Durante la evaluación de los controles básicos de seguridad los resultados reflejaron “deficiencias generalizadas en la implantación de la mayoría de los controles, no alcanzando ningún ayuntamiento un nivel de seguridad adecuado