Educación

Casi 10.000 niños de dos años tendrán plazas gratuitas el próximo curso escolar en Castilla y León

La Junta destinará en esta media cerca de 27 millones

Los consejeros Fernández Carriedo y Rocío Lucas, junto al director de Comunidad, Julio López, antes de explicar los acuerdos del Consejo de Gobierno
Los consejeros Fernández Carriedo y Rocío Lucas, junto al director de Comunidad, Julio López, antes de explicar los acuerdos del Consejo de GobiernoRubén CachoAgencia ICAL

Un total de 9.993 niños nacidos en el año 2020 entrarán en el sistema educativo de forma gratuita a los dos años en Castilla y León, gracias al desembolso de la Junta de 26,8 millones de euros, una vez aprobadas por el Consejo de Gobierno, en su reunión semanal, dos subvenciones a los centros privados y a las entidades locales titulares de los centros adheridos a la oferta gratuita de plazas en el tercer curso del primer ciclo de Educación Infantil para el curso escolar 2022-2023.

En concreto, 276 centros privados recibirán una financiación de 13,9 millones de euros y 224 centros de entidades locales percibirán 12,7 millones. Gracias a esta financiación, los centros harán frente a los gastos de escolarización del alumnado. Así lo explicó la consejera de Educación, Rocío Lucas, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno

La Junta de Castilla y León extiende el curso que viene la gratuidad de la educación al tercer curso del primer ciclo de Educación Infantil, es decir para los alumnos de edades comprendidas entre los 2 a los 3 años. Para garantizar la prestación de dichos servicios, la Consejería de Educación ha ofertado plazas en centros públicos de la Comunidad, pero también en aquellos centros dependientes de entidades locales u otras corporaciones públicas y a los centros infantiles que llevaban años prestando el servicio a las familias. En total, las familias de la Comunidad han podido elegir su plaza entre 653 centros -377 de carácter público y 276, privado-.

El proceso para la puesta en marcha de la escolarización gratuita del alumnado de 0 a 3 años es un procedimiento complejo que ha concluido con una oferta educativa equilibrada que permite garantizar el derecho a la elección de centro también en este curso del primer ciclo de Educación Infantil.

Así, las solicitudes registradas ascienden a 9.993 de las que 2.403 pertenecen a centros gestionados por la Junta de Castilla y León, 3.334 a los ayuntamientos y 4.256 a centros privados. Estas cifras suponen que el 78 por ciento de los niños nacidos en el año 2020 entren en el sistema educativo de forma gratuita a los 2 años, lo que demuestra que las familias han respondido de manera muy positiva a la implantación de este servicio.

Ucrania

Por otra parte, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, explicó que el Ejecutivo se suma un año más a la actuación conjunta y coordinada en materia de acción humanitaria con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid). Así, el Consejo de Gobierno, a través de la Consejería de la Presidencia, le ha autorizado una concesión directa por importe de 50.000 euros como aportación complementaria al convenio suscrito en 2018 y prorrogado en los ejercicios siguientes.

Las aportaciones anuales de Aecid y las comunidades autónomas se destinan anualmente a diferentes contextos mundiales que precisan de ayuda humanitaria. De este modo, se logra un mayor impacto de las iniciativas, aunando esfuerzos para incrementar el volumen, eficacia y calidad de la ayuda.

En 2022 se ha planteado la necesidad de incrementar las aportaciones previstas en el marco del convenio de acción humanitaria, con el fin de apoyar la respuesta de los organismos internacionales a las necesidades humanitarias excepcionales identificadas en el Plan de Intervención Anual, especialmente agravadas a raíz del conflicto bélico en Ucrania, y de las condiciones derivadas de éste en el contexto mundial.

Fernández Carriedo añadió que la Comunidad acoge a 3.693 personas de Ucrania cuando se cumplen seis meses de la invasión de este país por Rusia, de los que 331 son menores y 1120 alumnos integrados en el sistema educativo.

Salamanca, sede de la Agencia Estatal de Salud Pública

Por otra parte, la Administración regional propone la candidatura de la ciudad de Salamanca como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, después de que el Consejo de Ministros haya dado el primer paso para la creación de este organismo, al considerar que reúne todos los requisitos técnicos con el hospital más grande de la Comunidad, facultad de Medicina y de Farmacia.

Fernández Carriedo avanzó que la decisión ya se ha comunicada al Gobierno central para que sea tenida en cuenta. También, Aragón, Asturias, Extremadura y la Comunidad Valenciana ya han expresado su interés por acoger el anunciado organismo cuya constitución tramitará el Congreso por vía de urgencia.

Asimismo, argumentó que Salamanca reúne todos los criterios técnicos para albergar este nuevo organismo, dado que cuenta con el hospital más grande de la Comunidad y con facultades de Medicina y Farmacia, por lo que confió en que sea tenido en cuenta por parte del Gobierno.

Vehículos eléctricos puros

Además, la Junta aprobó el contrato para la adquisición de 123 vehículos eléctricos por 3,1 millones de euros con destino a todas las consejerías, organismos autónomos y entidades públicas que forman parte de la organización administrativa de la Comunidad. La inversión cuenta con la ayuda correspondiente prevista en el plan ‘Moves III’ dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo.

El ente autonómico designó al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, como órgano de contratación para la adquisición de estos vehículos. La compra de estos vehículos eléctricos se debe a la necesidad de renovación por antigüedad y deterioro, y racionalización de la flota de los vehículos utilizados por el personal de la administración de la Comunidad que realizan diferentes funciones al servicio de los ciudadanos.

Asimismo, la necesidad de este tipo de vehículo cien por cien eléctrico, responde al compromiso de la Junta con las políticas de eficiencia energética y medioambiental, en consonancia con las estrategias de eficiencia nacional y europea que tiene como objetivo reducir y mejorar las emisiones del sector transporte en las ciudades, además de ser “un ejemplo para la ciudadanía”.

En materia agrícola, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural comunicó al Consejo de Gobierno la contratación de las obras necesarias para llevar a cabo la modernización del regadío en la Comunidad de Regantes Presa de la Tierra (León). Para la realización de estas obras se destinarán 3.914.060 euros.

Las obras contemplan un sistema de riego por presión con estación de bombeo con tubería de distribución y red de riego hasta los hidrantes. Desde allí se surtirá de agua a presión a todas las parcelas incluidas en la zona. Además, se dotará la red de riego de los correspondientes automatismos para su manejo como contadores, válvulas o ventosas.

De estas actuaciones, que van a permitir la modernización de 1.260 hectáreas, se van a beneficiar 1.968 propietarios que van a ver facilitado su trabajo y mejorada la competitividad de sus explotaciones al poder diversificar los cultivos e incrementar sus producciones mientras optimizan el uso del agua y la energía, reduciendo costes y mejorando ambientalmente este regadío.

También autorizó una aportación dineraria a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. (Somacyl) de 4.898.870 euros para financiar actuaciones de saneamiento de aguas en los ayuntamientos de Burgohondo, Casavieja (Ávila), Fabero, Vega de Espinareda (León), Grijota, Velilla del Río Carrión, Villalobón (Palencia), Ledrada (Salamanca), Traspinedo y Nava del Rey (Valladolid). Las actuaciones están cofinanciadas con fondos europeos y con aportaciones de los propios ayuntamientos y de la Junta de Castilla y León, a través de Somacyl.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico dio luz verde a la celebración del contrato de provisión de servicios de telecomunicaciones a la Junta de Castilla y León, por un plazo de cuatro años, prorrogable por otro más. El contrato actualmente en vigor finalizará en marzo de 2023, por lo que es necesaria una nueva licitación que garantice que se puedan seguir utilizando los servicios de telecomunicaciones sin interrupción, e introduzca mejoras y actualizaciones para seguir modernizando los servicios de telecomunicaciones corporativas.

Esta nueva contratación determinará las empresas que proveerán a la Junta de los servicios de telefonía fija, de telecomunicaciones móviles, de redes privadas de datos y sus respaldos, y de accesos directos a Internet. Estos servicios de telecomunicaciones satisfacen las necesidades de comunicaciones de la organización y la permiten innovar, mejorando su eficacia y eficiencia, mediante la incorporación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), que, durante la gestión de la pandemia, se han revelado como herramienta esencial que ha permitido la continuidad del trabajo de los empleados públicos, mediante el acceso remoto o las videoconferencias, y la prestación de servicios esenciales como la educación virtual, la administración electrónica, el apoyo al empleo o la atención sanitaria telefónica.

En materia cultural, el Ejecutivo autonómico aprobó una concesión directa de 50.000 euros a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) como aportación complementaria al convenio suscrito en 2018 y prorrogado en los ejercicios siguientes con el objetivo de sumarse a la actuación conjunta y coordinada en materia de acción humanitaria, especialmente en lo referido a los refugiados ucranianos.

La Junta aclaró mediante un comunicado emitido tras el Consejo que las aportaciones anuales de Aecid y las comunidades autónomas se destinan anualmente a diferentes contextos mundiales que precisan de ayuda humanitaria. De este modo, se logra un “mayor impacto” de las iniciativas, aunando esfuerzos para incrementar “el volumen, eficacia y calidad” de la ayuda.