Las Cortes piden a Sánchez que retire su ley para la quita de la deuda: "Es corrupción y otra estafa porque no se condona nada"

La quita de la deuda que plantea el Gobierno de España a las comunidades autónomas para "compensar" y "blanquear" los privilegios del cupo separatista en Cataluña para que Sánchez siga en La Moncloa tenía su protagonismo en las Cortes regionales durante la segunda y última sesión del Pleno, a través de una proposición no de Ley del PP que reclama al Ejecutivo central que retire el proyecto de Ley prevista para dicha condonación "porque no se condona nada", ya que dicha deuda pasará a ser soportada por el conjunto de los españoles, según denunciaba la popular Rosa Esteban.

La iniciativa salía adelante gracias a los votos favorables de los procuradores de PP, Vox, UPL-Soria Ya así como de Francisco Igea y Pedro Pascual del Grupo Mixto, además de Javier Teira y Ana Rosa Hernando, los dos parlamentarios ex de Vox no adscritos.

"Esta medida repercute de manera negativa en los castellanos y leoneses que tendrán que pagar 523 euros más”, advertía Esteban en su intervención, para quien este proyecto de Ley es "contrario al principio de igualdad y de interés general de España y Castilla y León".

La parlamentaria popular echaba en cara a los socialistas que solo les interese hacer electoralismo y que se olviden de los ciudadanos de la comunidad, y arremetía contra Pedro Sánchez por llevar a cabo una operación política “para comprar voluntades”. "Está jugando con el trabajo y el esfuerzo de los castellanos y leoneses solo por seguir pisando moqueta", decía Esteban, para quien el proyecto de Ley no es más que "corrupción política" y otra "estafa" a los ciudadanos de Castilla y León.

Desde el PSOE, la procuradora y viceportavoz del grupo Rosa Rubio aseguraba que este proyecto de Ley es una medida “inédita y excepcional” del Gobierno “que va a permitir que Castilla y León se libere de pagar 3.643 millones de euros”, y criticaba “la mezquindad” del presidente Mañueco por rechazarla "anteponiendo" los intereses de su partido a los de su comunidad.

"Este dinero de la quita permitiría multiplicar por 300 la prevención o por 35 la extinción de incendios, construir 400 centros de salud o 40 hospitales comarcales, multiplicar por 33 las ayudas al alquiler o por 20 la inversión en vivienda, o construir 400 centros escolares”, decía Rubio.

Vox, a través del procurador leonés Miguel Suárez Arca, denunciaba que el dinero de todos los vecinos se presta a solo unos pocos para que además se lo gasten en "jaranas separatistas", mientras que desde UPL-Soria Ya, Vanessa García, advertía de que esta quita de la deuda supone “un agravio comparativo hacia buena parte de España” y, además, “no se reduce la carga del Estado, sino que se redistribuye de manera arbitraria” bajo el “disfraz” de una “supuesta justicia social”.

Pablo Fernández, de Unidas Podemos, se aliaba con el PSOE en este debate y señalaba que su formación “no tiene ningún problema” en que el Ejecutivo de Sánchez negocie con las comunidades una quita de la deuda, “porque beneficia a Castilla y León”.

Por otro lado, las Cortes de Castilla y León han vuelto a rechazar, y van tres veces, gracias a la mayoría de PP y Vox, que se pueda tramitar la proposición de ley sobre derechos y garantías al final de la vida, presentada hoy por Unidas Podemos pero anteriormente por Francisco Igea y el PSOE.

Populares y conservadores explican que su no a esta iniciativa tiene que ver spobre todo a que se abriría las puertas a la eutanasia", además de tener un sesgo claro de extrema izquierda, algo que desde el PSOE niegan y argumentan la necesidad de esta norma en que en estos momentos hay unos 20.000 pacientes que requieren al año cuidados paliativos en la región, el 13 por ciento de ellos de forma específica, cuando el Sacyl solo atiende a la mitad, según los socialistas.

Por su parte, Francisco Igea, ex vicepresidente de la Junta e impulsor inicial de esta proposición de ley, lamentaba que este texto sea "el epítome del resentimiento".