La Junta de Castilla y León apuesta por invertir el minifundismo y por las ayudas a las explotaciones forestales para aumentar la rentabilidad de los montes privados

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha inaugurado la I Congreso Nacional de la Propiedad Forestal Privada, que se celebra en Valladolid del 18 al 20 de octubre de 2022, organizado por la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León (Facyle), con la colaboración de la Junta de Castilla y León, la Confederación de Organizaciones de Sel-vicultores de España (COSE) y la Fundadión Cesefor, donde unas trescientas personas, profesionales de todos los sectores públicos y privados (especialistas de ámbito internacional, ingenieros forestales, aso-ciaciones de propietarios, funcionarios de las administraciones central y regional, profesores universitarios, abogados, empresas del sector, y propietarios forestales del ámbito privado,), debatirán por primera vez sobre la situación y futuro de la propiedad forestal privada en España.

El Congreso está segmentado en cinco sesiones -más una jornada de campo-, donde se analizarán temas tan importantes como el marco legal de la propiedad, la política agraria, la estructura de la propiedad, la fiscalidad o la comunicación forestal.

La Comunidad de Castilla y León cuenta con la mayor superficie forestal de España (4.838.441 hectáreas), con un porcentaje territorial superior a la media europea y mundial, que representa el 51 por ciento del territorio, y una estructura de la propiedad forestal (cerca de 720.000 propietarios forestales) repartida casi a partes iguales entre titulares públicos (55 por ciento) y privados (45 por ciento), y distribuida en 4 tipos de montes: los montes de utilidad pública (MUP) y contratados, que gestiona la Junta, a través de la Consejería de Medio Ambiente: unos 2 millones de hectáreas; los montes patrimoniales de las entidades locales: 700.000 hectáreas; las fincas particulares de cierta extensión (más de 25 ha/propietario): 1,2 millones de hectáreas, y el minifundio forestal (titulares que tienen menos de 25 ha): 1,1 millones de hectáreas.

La Junta de Castilla y León (el mayor propietario de la Comunidad con más de 90.000 hectáreas) gestiona el 40% de los terrenos forestales, del que se logran las tres cuartas partes de la producción, riqueza y

empleo total vinculados a este sector. “A través del Programa de Movilización de Recursos Forestales -señala el consejero-, cuya revisión está prevista en esta legislatura, pretendemos dinamizar el 60 por ciento restante, propiedad de entidades locales y de titularidad privada a través de una gestión adecuada y económicamente viable”.

Suárez-Quiñones añade que el modelo de gestión forestal diseñado por la Junta de Castilla y León funciona razonablemente bien, “pero, siendo conscientes del insuficiente desarrollo del modelo de gestión en los montes de régimen privado, queremos configurar un modelo propio en el que los selvicultores sean pieza fundamental”. Para ello se marca como reto, por un lado, la colaboración y el consenso de todos los agentes implicados, propietarios y asociaciones, y, por otro, a través de entidades gestoras profesionales, que atiendan las necesidades particulares de los terrenos a su cargo y que, bien integradas con el resto de los agentes del sector y particularmente con los propietarios de los montes y la industria, sean capaces de movilizar los recursos disponibles en los montes que gestionen.

Invertir el minifundismo forestal

El consejero recuerda que una de las principales debilidades del sector forestal de la Comunidad (común al conjunto del sector forestal nacional y europeo) es el minifundismo (cerca de 720.000 propietarios forestales en Castilla y León, con una superficie media de 6,73 ha por titular), “lo que dificulta una gestión adecuada y viable económicamente y lo que hace que prácticamente ningún propietario forestal sea selvicultor profesional”. A este respecto apuesta desde la Junta por invertir esta situación, reduciendo la fragmentación de la propiedad forestal, consiguiendo explotaciones forestales más grandes y aumentando con ello su productividad y rentabilidad. “De la misma manera que durante el siglo XX Europa hizo un serio esfuerzo para reformar las estructuras agrarias concretado en unos potentes programas de concentración parcelaria y de mejora de la red viaria agraria, en el siglo XXI -señala Suárez-Quiñones- debemos abordar un programa similar para sector forestal, y en Castilla y León, igual que fuimos pioneros en la concentración agraria, queremos ser pioneros en la concentración forestal”.

Para conseguirlo, el consejero considera necesario que los propietarios forestales acepten integrarse en sociedades de tipo cooperativo y fusionar sus propiedades en una sola propiedad de la que serían copropietarios, señalando experiencias piloto en marcha en los términos municipales de Nieva y Aguilafuente, en la provincia de Segovia. “Todos tenemos un interés común: conseguir explotaciones forestales rentables, que permitan a los selvicultores vivir de su explotación forestal, como hacen los agricultores”, añadió Suárez-Quiñones. “Entre todos vamos a buscar soluciones para los principales problemas” a los que os enfrentáis los propietarios de montes: la escasa rentabilidad, las dificultades para la comercialización, las trabas administrativas y las limitaciones a la gestión, como las que garantizan la conservación de la biodiversidad. Por eso es fundamental -añadió- dialogar y poner en común problemas y soluciones. De ahí la transcendencia de la celebración de este primer Congreso Nacional”.

Medidas de apoyo de la Junta de Castilla y León

Para ayudar en la solución de esos problemas, desde la Junta de Castilla y León, en el marco del Programa de Desarrollo Rural, a través del cual se han mejorado las líneas de ayudas forestales: incorporando una línea para las plantaciones productivas (como las truferas, las maderas nobles o el pino piñonero); incrementando la dotación de la línea de ayudas a la ganadería extensiva, mediante desbroces de matorrales -fundamental para la prevención de incendios y que contribuye de manera importante a la integración del uso pastoral en la Gestión Forestal Sostenible-; manteniendo la línea de ayudas a la prevención de incendios y realización de tratamientos selvícolas y otras mejoras forestales, y completando el programa con la línea para la restauración de montes incendiados.

A este respecto, el pasado mes de agosto, ante el elevado número de solicitudes recibidas, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha incrementado la línea de ayudas para tratamientos preventivos de incendios de 30 a 41 millones de euros y la de mejoras a la ganadería extensiva mediante planes silvopastorales, de 20 a 27 millones de euros.

Además, el consejero anuncia la puesta en marcha de un sistema de asesoramiento forestal que contribuya a la profesionalización del sector y que facilite el reconocimiento de nuevas juntas gestoras de montes de socios, la gestión de otros montes de titularidad colectiva, apoyando la agrupación de producciones;

Asimismo Juan Carlos Suárez-Quiñones señala que “la Junta aprovechará el impulso de los fondos europeos Next Generation UE, para mejorar con más de 100 millones de euros el estado de la biodiversidad y la resistencia y adaptabilidad de nuestros bosques, preparándolos para enfrentar los retos climáticos y para ser aprovechados de forma sostenible y eficiente”. Además, se pondrá en marcha una nueva línea de ayudas piloto de apoyo a la actividad resinera para que los resineros que lo deseen dispongan de trabajo en los meses en que no hay dicha actividad (de noviembre a febrero).

Otras medidas de la Junta de Castilla y León se refieren al apoyo a la labor de las asociaciones forestales en la clarificación de montes de socios y constitución de juntas gestoras en todo el territorio regional, además de incrementar la Superficie Certificada de gestión forestal sostenible hasta superar el millón de hectáreas, incorporando a las superficies certificadas por el sistema PEFC las primeras certificadas por el sistema FSC. Asimismo, se pretende mejorar el marco normativo para el sector forestal, simplificando procedimientos ambientales, reduciendo en lo posible trabas administrativas y plazos.

Estimular la actividad

El consejero apunta que, tanto las ayudas institucionales como la mejora de la normativa están al servicio de los operadores del sector, para estimular la actividad. “Y el mensaje principal que quiero trasladaros a los participantes en este congreso nacional es que necesitamos dinamizar la actividad forestal, movilizar los recursos y generar empleo de calidad y crear riqueza en nuestras comarcas forestales”.

Asimismo, Suárez-Quiñones señala que “tenemos que conseguir equilibrar la aportación a la producción regional de nuestros montes, sean públicos o privados, ya que, aunque los montes públicos representan alrededor del 40% de la superficie arbolada de Castilla y León, aportan más del 75% de la producción forestal regional, en la mayoría de los recursos. Evidentemente hay razones que lo explican, pero también es cierto que hay un gran margen de movilización en los montes privados y os animamos a intervenir”.

Por ello, el consejero considera imprescindible la colaboración de todos los agentes implicados, públicos y privados, de todas las administraciones, aunque la clave está en el sector forestal, en la implicación y profesionalización de los selvicultores, apostando por la innovación y la superación de barreras. “Contáis para ello con la absoluta colaboración y apoyo de la Junta de Castilla y León”, aseveró Suárez-Quiñones.

Por su parte, el presidente de Fafcyle, Jesús Pestaña, apostó porque la cita “haga historia”, y consideró que “la propiedad está obsoleta” y esto está suponiendo un “freno tremendo para el desarrollo forestal”.

Y es que la propiedad privada de las superficies forestales, que en Castilla y León representa el 45 por ciento del total y en el conjunto nacional asciende a tres cuartas partes, “está tan sumamente atomizada que hay muchos propietarios que hacen dejación de sus funciones y no cuidan sus pequeñas parcelas, básicamente porque es anti-económico”, apuntó Pestaña.

Entre las causas, el presidente de Fafcyle apuntó a la despoblación rural que hace que ahora los propietarios sean “segunda o tercera generación que están en las ciudades y que tienen la copropiedad con primos y hermanos”, lo que conlleva que dicha propiedad se quede “muerta y abandonada”, suponiendo un gran problema porque “el abandono forestal conlleva la sobrecarga de combustible para los incendios y un sinfín de circunstancias muy negativas que no ayudan nada a la prevención de los efectos nocivos del cambio climático”.

Además, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que actuó como anfitrión, recordó que la ciudad vallisoletana se encuentra en el centro de una Comunidad que “tiene una masa forestal inmensa y una enorme riqueza”, que la dota de múltiples oportunidades pero también de retos que “pasan por aprovechar mejor la masa forestal y la gestión de los incendios”, a través de cuestiones como “el aprovechamiento de la biomasa”.

En ese sentido, reivindicó el trabajo que Ayuntamiento y Junta están desarrollando de manera conjunta a través de la implantación de una red de calor en la ciudad que está llevando a cabo Somacyl para que Valladolid “aproveche la riqueza forestal del entorno”.

Por último, la directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, María Jesús Rodríguez de Sancho, dio la bienvenida a la celebración del congreso por ser un tema “muy necesario de tratar” y por “generar conocimientos sobre la propiedad forestal” que sirvan para “fomentar la gestión forestal sostenible, porque nos va la vida en ello, como hemos visto este verano”.