Política

Barcones garantiza la retirada de los topónimos franquistas

“No hay otra alternativa que el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática”, asegura la delegada del Gobierno en Castilla y León

La delegada del Gobierno , Virginia Barcones, y el presidente de SEIASA, Francisco Rodríguez Mulero, atienden a la prensa
La delegada del Gobierno , Virginia Barcones, y el presidente de SEIASA, Francisco Rodríguez Mulero, atienden a la prensaConcha OrtegaAgencia ICAL

Castilla y León cuenta con tres municipios cuyos nombres incluyen topónimos franquistas. Es el caso de Quintanilla de Onésimo, en la provincia de Valladolid; San Leonardo de Yagüe, en tierras sorianas; y Alcocer de Mola, en Burgos.

Tres localidades que deberán cambiar el nombre en función de la recién aprobada en el Congreso Ley de Memoria Democrática que, en uno de sus artículos, concretamente el 35, establece que serán considerados elementos contrarios a la memoria democrática las referencias realizadas en topónimos, en el callejero o en las denominaciones de centros públicos, de la sublevación militar y de la dictadura. También de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo y/o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial.

Ejemplos que se dan en estos tres municipios de la Comunidad que hacen referencia a uno de los fundadores de las JONS, en el primer caso, y a dos generales que lucharon contra la República, en los otros dos.

Por ello, la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha asegurado este miércoles que se cumplirá la Ley en la retirada de estos topónimos franquistas y que se darán todos los pasos necesarios, incluida la incoación de oficio del procedimiento para la retirada de dichos elementos en el caso de que no se produzca por parte de los ayuntamientos afectados, para dar cumplimento a la norma.

“En Castilla y León, en España y en Soria se va a cumplir la ley porque estamos en un Estado de derecho y democrático”, insistía la dirigente socialista, mientras reivindicaba la labor del Gobierno de España como “abanderado” de la memoria democrática de nuestro país con dos premisas fundamentales: memoria, para que jamás vuelva a pasar lo que pasó; y dignidad, para recuperar a las muchas víctimas que todavía están en las cunetas.

La delegada del Gobierno, además, destacaba la importante labor con las entidades locales y las asociaciones memorialistas para la recuperación de los cuerpos.

Regadíos

Barcones se expresaba así en Soria tras reunirse con el presidente de la Sociedad Estatal Seiasa, Francisco Rodríguez, donde defendía el compromiso del Gobierno de España con la modernización del regadío en la Comunidad que, en los últimos cuatro años, se ha materializado en que “uno de cada cuatro euros” invertidos en esta materia, lo ha hecho en Castilla y León.

Barcones avanzaba que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de Seiasa, invertirá 14,9 millones de euros para modernizar los regadíos de la Comunidad de Regantes del Canal de Ínes y Eza, en Soria, con fondos europeos de la primera fase del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Una obra que podrá ponerse en marcha según Rodríguez a principios del año que viene para finalizar antes de 2026, mientras que los agricultores beneficiados también pondrán de su parte, invirtiendo al menos el 20 por ciento de la modernización.

La delegada del Gobierno, además, añadía que trabajan “intensamente” para poder incorporar nuevas obras de Castilla y León dentro de esta segunda fase de modernizaciones del PRTR, y avanzaba que la Comunidad de Regantes del Canal Bajo del Bierzo tiene muchas papeletas además del regadío del Bajo Carrión, en Palencia

Finalmente, reafirmaba la apuesta del Ejecutivo central apoyando los gobiernos autonómicos en esta materia de mejora de regadíos y recordaba que este apoyo se suma al reciente pago anticipado de más de 610 millones de euros de la PAC 2022, a través del FEOGA, de un total de 2.800 millones de pagos anticipados en todas las comunidades autónomas.