Los abogados de Castilla y León piden una reforma legal para conseguir la conciliación efectiva de los profesionales

El presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL), Julio Sanz Orejudo, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, han analizado esta mañana la situación judicial de la Comunidad durante la Comisión Mixta que ha acogido el Colegio de Abogados de Segovia. La necesidad de conseguir la conciliación efectiva para los profesionales de la abogacía ha ido una de las demandas que han traslado los abogados a Concepción. Aunque el anteproyecto de ley de eficiencia procesal recogerá la suspensión de procedimientos judiciales por permisos de maternidad y paternidad y los días de Navidad -del 24 de diciembre al 6 de enero- serán declarados inhábiles, los letrados continúan reclamando un avance legislativo inmediato para disfrutar de los mismos reconocimientos laborales que el resto de profesiones.

El CACYL ha denunciado también que la escasez de equipos psicosociales en la Comunidad continúa siendo un problema de especial gravedad, ya que provoca retrasos de hasta un año en los asuntos de familia, que requieren informes elaborados por los psicólogos y trabajadores sociales que componen este servicio. “Tras años de peticiones por parte de la abogacía, no solamente no se ha hecho nada, sino que ha ido a peor y esto ralentiza considerablemente la administración de justicia”, ha explicado Julio Sanz, y ha añadido: “Este retraso afecta a temas muy delicados, como por ejemplo la custodia de los hijos, y en cuestiones relacionadas con los menores hay que pensar principalmente en ellos y no alargar los procedimientos”.

Por otra parte, los abogados de Castilla y León apuestan por la especialización de los funcionarios de los juzgados de las nueve provincias y por la necesidad de disponer de puestos más estables para los jueces. El presidente del CACYL ha destacado también que en algunas provincias de la Comunidad las restricciones por motivos sanitarios están afectando al funcionamiento diario de los juzgados, además de que han puesto de manifiesto las carencias de espacios acondicionados para el uso tanto de los ciudadanos como de los profesionales de la abogacía, que en muchas ocasiones deben esperar en la calle.

Situación provincial

Las reivindicaciones que desde Burgos se han puesto sobre la mesa se han centrado principalmente en la necesidad de disponer de personal más estable, ofrecer formación a los trabajadores de los juzgados y en las demoras y dilaciones existentes, entre otras. En León se han centrado más en el cese de las medidas existentes adoptadas en su día con motivo del COVID-19, ya que suponen una merma de determinados derechos de los ciudadanos y los profesionales, además de limitar el acceso a los tribunales y la publicidad de las actuaciones.

Por su parte, Palencia no solo ha señalado el mal funcionamiento de los juzgados debido a la falta de jueces estables, sino que también ha destacado el colapso que puede producirse en el turno de oficio palentino, ya que han dejado de retribuirse las sustituciones para el único abogado de guardia, que no podrá realizar varias asistencias a la vez. Salamanca ha remarcado los importantes retrasos en los juzgados y reclama también la unificación del uso de togas y de los criterios para la celebración de vistas.

Soria, Ávila y Segovia han coincidido también en señalar los retrasos como uno de los mayores problemas actuales en la Comunidad. El colegio soriano ha puesto de manifiesto además la defectuosa instrucción de los juicios rápidos en algunos juzgados de Primera Instancia e Instrucción, mientras que Segovia ha destacado que en el Registro Civil solamente se atiende con cita previa. Por su parte, desde Ávila han puesto el foco en las disfunciones de la oficina judicial y en la importancia de la conciliación para los profesionales de la abogacía.

La dispersión de las sedes judiciales en Valladolid ha vuelto a ser protagonista en las reclamaciones de este Colegio, que también ha criticado las instalaciones de muchos de los juzgados, ya que no disponen de salas de espera, los pasillos son estrechos, sin ventilación y sin salidas de emergencia y, en muchas ocasiones, no son accesibles. Finalmente, desde Zamora han revelado la sobrecarga de sus juzgados y la ralentización que ello supone, además de proponer una bolsa de sustitutos y una mayor celeridad a la hora de cubrir las bajas.