Los servicios jurídicos de la Junta y la Fiscalía de Castilla y León analizan la nueva normativa sobre personas con discapacidad

Dentro del marco del convenio de colaboración suscrito entre la Fiscalía General del Estado y la Administración de la Comunidad en materia de formación continua de fiscales para este año 2022, se ha programado un curso sobre la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a personas con discapacidad.

Durante dos días, fiscales de Castilla y León y letrados de los Servicios Jurídicos de la Junta analizarán en la Sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos los principios de protección de las personas con discapacidad, tras la modificación legal al respecto efectuada por la Ley 8/2021, de 2 de junio, que ha constituido una de las reformas más importantes en el ámbito civil y procesal de las últimas décadas.

El curso está codirigido por el Fiscal Superior de Castilla y León Santiago Mena, y por el Letrado Coordinador de lo Consultivo de la Dirección de los Servicios Jurídicos, Alejandro Herrero. Durante hoy y mañana se analizarán y debatirán de forma teórica,

pero sobre todo desde un punto de vista práctico y de intercambio de experiencias, las consecuencias de esta modificación legal, que viene a adecuar nuestra normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, elaborada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, y donde se recoge que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás ciudadanos en todos los aspectos de su vida.

En palabras del consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, “con este nuevo régimen legal, las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad deben estar salvaguardadas, para impedir abusos, asegurando que siempre se respeten sus derechos y la voluntad de la persona”.

Durante el curso se analizará la desaparición del procedimiento judicial de incapacitación o de modificación judicial de la capacidad, y su sustitución por un sistema de apoyos personales basado en el respeto a las preferencias de la persona, quien será la que tome sus propias decisiones como regla general.

Se eliminan así, para las personas con discapacidad, figuras como la tutela, la patria potestad prorrogada o rehabilitada a partir de los 18 años, o la prodigalidad, y aparecen figuras como la curatela representativa, el defensor judicial o el guardador de hecho, que les prestarán dichos apoyos, en un cambio de paradigma, que pasa del paternalismo de la regulación anterior a la promoción de la autonomía de las personas en la nueva.