Bono digital: Ayudas de 20 euros al mes para que los más vulnerables puedan tener acceso a internet

La Junta de Castilla y León abre mañana el plazo para solicitar el bono digital que permitirá acceder a conexiones de alta velocidad a personas o unidades familiares consideradas en situación de vulnerabilidad, una vez se haya presentado la convocatoria a más de 100 entidades sociales de las nueve provincias de la Comunidad Autónoma durante el pasado mes de junio.

Esta convocatoria, dirigida a los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía o el Ingreso Mínimo Vital, busca que este colectivo se dote de conexiones de banda ancha fija en sus domicilios o mejore su velocidad hasta un mínimo de 30 Mbps.

Para llevar a cabo esta iniciativa, financiada con Fondos Europeos NEXT Generation, se cuenta con un presupuesto total de 790.000 euros, que se repartirán en bonos de 240 euros anuales por beneficiario para reducir en 20 euros al mes el coste total del servicio, IVA incluido, que deberá ser prestado, obligatoriamente, por aquellas operadoras que se han inscrito en el registro de colaboradoras hasta el pasado 14 de junio y que son O2 y Lowi.

Los que sean finalmente beneficiarios de este bono social tendrán un mes, a contar desde la fecha de notificación de la resolución positiva, para contratar el servicio o mejorar las prestaciones del existente y mantenerlo como mínimo durante un año.

Toda la información sobre la convocatoria, así como las solicitudes para entrar a formar parte de esta iniciativa, están a disposición de los interesados a través de tramitacastillayleon.jcyl.es y deberán ir acompañadas del certificado de ser perceptor de la RGC o el IMV, el de empadronamiento y una copia del DNI o el NIE, siempre que no se desee que la Junta lo compruebe de forma automática.

La presentación de las solicitudes podrá realizarse de forma telemática hasta el 15 de septiembre a través de la propia sede electrónica de la Junta, o presencialmente en cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, así como en cualquier otro centro de los que se señalan en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.