Polémica en Castilla y León por el ingreso mínimo vital: "Muchos marroquíes están recibiendo ayudas y pueden trabajar perfectamente"

El debate sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha vuelto a intensificarse en Castilla y León, especialmente en ciudades como Segovia y Soria, donde más de la mitad de sus beneficiarios son personas extranjeras. El desplazamiento de un equipo de Espejo Público a estas provincias ha vuelto a situar la polémica en el centro de la conversación pública: ¿se está aplicando correctamente esta ayuda social o existen vacíos que permiten abusos del sistema?

El Ingreso Mínimo Vital nació con el objetivo de reducir la pobreza y evitar la exclusión social, alcanzando ya a más de 2,4 millones de personas en toda España. Sin embargo, en algunos territorios, el debate no gira en torno a su necesidad, sino a su gestión. En las calles de Segovia y Soria abundan testimonios que reflejan malestar: muchos vecinos afirman conocer casos de beneficiarios que no buscan empleo ni muestran interés por reincorporarse al mercado laboral.

"Te parte el alma trabajar cada día y ver que otros viven de ayudas sin esfuerzo", lamentaba una vecina segoviana entrevistada en el programa. Este sentimiento se repite en distintos puntos de la comunidad, donde cada vez son más las voces que reclaman una revisión profunda del sistema.

Uno de los aspectos más sensibles de este debate es el componente migratorio. En Segovia, el ayuntamiento ha solicitado al Gobierno central poder gestionar directamente el IMV para introducir controles más estrictos y asegurar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan. A pie de calle, parte de la ciudadanía sostiene que existe un reparto desigual entre españoles y extranjeros, generando una sensación de agravio comparativo.

Trabajadores del sector servicios, como una camarera segoviana entrevistada por el programa, subrayan lo que consideran un trato injusto: "Mi madre, cubana y víctima de violencia machista, no ha recibido ninguna ayuda, mientras muchos marroquíes cobran el IMV pudiendo trabajar sin problema".

En Castilla y León, el sentimiento general es que la prestación cumple una función social indiscutible, pero su aplicación necesita ajustes urgentes para evitar distorsiones y mantener la confianza ciudadana.