Condenada a 27 meses de cárcel una exconcejal del PP que se hizo pasar un funcionario de Hacienda para cobrar un embargo

La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado 27 meses de cárcel por un delito de estafa continuada y falsedad en documento oficial a la ex concejal de Bobadilla del Campo InésMaría Fernández-Salinero, que también tendrá que hacer frente al pago de una multa de 1.080 euros y a una indemnización a las víctimas de más de 10.300 euros.

Tras una relación de confianza entre la víctima y la que fuera concejal del PP en la guardería a la que asistían sus hijo, la víctima comentó a la acusada que su madre y otros familiares habían heredado un piso que querían vender, pero no podían efectuarlo al existir sobre él un embargo de Hacienda por importe de 10.041 euros, a causa de una deuda que tenía su madre.

Según se argumenta en la sentencia, la acusada, guiada por su ánimo de enriquecerse y “faltando a la verdad”, comentó a la víctima que trabajaba en un depósito fiscal y que contactaría con un “alto funcionario” para que su madre pudiera pagar fraccionadamente esa deuda. Siguiendo la estafadora con su fingido plan, dijo a la víctima que habían autorizado que fuera pagada fraccionada y mensualmente, para lo cual le facilitó una cuenta bancaria, haciéndole creer que era de Hacienda, pero siendo en realidad titular única la condena. De esta manera y también a través de pagos en mano, la víctima entregó hasta 1.350 euros.

Como quiera que no se alzaba el embargo, a pesar de efectuar esos pagos fraccionados, y habiendo una persona interesada en la adquisición del inmueble libre de cargas, la víctima contactó a través de correo electrónico con el de ese figurado “alto funcionario”, siendo en realidad la acusada quien se hacía pasar por él. De esta forma, la convenció para pagar el total de la deuda a través de tres ingresos en dicha cuenta e inferiores todos ellos a los 3.000 euros, que fueron abonados por la pareja de la madre.

Satisfecho el total de la deuda y convencidas de que los trámites se agilizarían para consumar la venta del inmueble, la acusada les comentó que los trámites llevarían alrededor de uno a dos meses, remitiendo poco después a la madre de la víctima una supuesta certificación fechada el en noviembre de 2011 de la Agencia Tributaria, Delegación Especial de Madrid, en la que comunicaba que dicha deudora se encontraba al corriente de sus obligaciones tributarias.

En esa misma fecha la acusada acudió al domicilio de la víctima y le hizo entrega de una aparente nota simple del Registro de la Propiedad en la que se hacía constar que ese inmueble ya estaba libre de cargas.

Cuando la “fingida” nota simple llegó a la inmobiliaria que gestionaba la venta del inmueble, el trabajador que gestionaba la venta sospechó de su autenticidad y acudió al Registro de la Propiedad, donde le confirmaron esa nota estaba modificada, por lo que procedió a interponer una denuncia.oner una denuncia.