Conrado Íscar presenta una línea extraordinaria de 2,5 millones para ayudar a financiar gasto corriente de las entidades locales de la provincia vallisoletana

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, acompañado del vicepresidente primero y diputado de Hacienda, Personal y Régimen Interno, Víctor Alonso, ha presentado hoy una nueva convocatoria de ayudas a las entidades locales de la provincia que, de manera extraordinaria, va a aprobar la Diputación de Valladolid en el Pleno de este mes de octubre.

Como ha explicado Conrado Íscar, esta nueva convocatoria, será posible tras una modificación presupuestaria que se dictaminará la próxima semana “sobre el que ya se ha informado a los distintos grupos políticos, en la Comisión Ordinaria de Hacienda celebrada esta misma mañana. Esta modificación presupuestaria habilitará y generará crédito presupuestario para sacar adelante esta nueva medida de apoyo a los ayuntamientos, apoyo económico siempre muy demandado por todos los alcaldes, con independencia de su color político”.

La nueva línea de ayudas tendrá una dotación de 2,5 millones de euros y tiene como objetivo cumplir con uno de los objetivos esenciales de este Equipo de Gobierno, que no es otra que mantener un “esfuerzo constante por facilitar que los Ayuntamientos puedan hacer frente a la correcta prestación de los muchos servicios y necesidades que se les plantean, al ser la administración más cercana y ante la siempre insuficiente financiación local que reciben”.

En este sentido, Conrado Íscar ha recordado que esta nueva línea “se une las convocatorias ya existentes en este año 2024: Planes Provinciales, Plan de Libertad de Gastos, Plan V, obras urgentes, conservación de colegios, reparación y conservación de iglesias y ermitas, Plan de Empleo Local y la convocada recientemente para la reparación de caminos rurales, dotada con 3 millones de euros”.

Libertad de gasto

La nueva convocatoria de ayudas a ayuntamientos y entidades locales de menos de 20.000 habitantes de la provincia tendrá una dotación de 2,5 millones de euros que los ayuntamientos podrán destinar a hacer frente a sus gastos de funcionamiento.

En este sentido, las ayudas, que no necesitan cofinanciación por parte de las entidades locales, podrán ser destinadas a gastos de personal y a gasto corriente en bienes y servicios.

En cuanto a gastos de personal, podrán ser subvencionados los gastos correspondientes a secretarios, secretarios-interventores, interventores y tesoreros; a personal perteneciente a la escala de la administración general, en las subescalas técnica, de gestión, administrativa, auxiliar y subalterna; ya gastos de personal de Policía Local.

Por lo que se refiere a los gastos corrientes en bienes y servicios serán aquellos necesarios para el ejercicio de las actividades de los municipios, de manera especial los relativos a reparaciones, mantenimiento y conservación; material de oficina; suministros; comunicaciones; primas de seguros; gastos diversos, excepto los de actividades culturales y deportivas; y a los trabajos realizados por otras empresas y profesionales.

Módulos de ayudas

La convocatoria, que deberá ser aprobada por el Pleno de la Diputación, tendrá carácter de generalidad distributiva y se estructurará en diferentes módulos.

Por un lado, los municipios con población igual o inferior a 300 habitante recibirán una cantidad fija de 6.440 euros, mientras que los municipios con más de 300 habitantes recibirán un fijo de 3.902 euros al que se añadirá 8,50 euros por habitante. Así, por ejemplo, un ayuntamiento de 500 habitantes recibirá 8.152 euros y un ayuntamiento de 1.000 habitantes recibirá 12.402 euros.

Por su parte, las entidades locales menores recibirán un fijo de 5.600 euros, mientras que los municipios con Núcleos de Población Separada que tradicionalmente se hayan incluido en los Planes Provinciales y que no sean entidades locales menores, recibirán una cantidad adicional de 1.250 euros, que necesariamente habrán de gastarse en dicho núcleo.

Estas ayudas son compatibles con cualquier tipo de ayuda que reciban los beneficiarios de Instituciones públicas o privadas para el mismo fin.