Crece el número de resoluciones del Comisionado de Transparencia a peticiones ciudadanas

El Procurador del Común. Tomás Quintana, comisionado de Transparencia también, ha presentado esta mañana en las Cortes la memoria de 2023 de esta institución propia en lo referente a la transparencia y buen gobierno de las administraciones públicas.

Un informe en el que se revela, entre otras cosas, que el número de resoluciones formuladas por la Comisión de Transparencia el pasado año ha sido de 497, de un total de 517 reclamaciones presentadas, lo que supone el mayor número de resoluciones adoptadas por esta entidad desde que comenzara a funcionar hace ocho años.

De ellas, 448 han tenido como resultado final que el ciudadano que interpuso una reclamación terminó obteniendo la información pública que había solicitado.

En cuanto a las 517 reclamaciones recibidas, muy por debajo de las 794 del año anterior, cabe señalar que más de 75 por ciento de ellas se presentan frente a la ausencia de respuesta expresa o silencio frente a la petición de información realizada ante la Administración por algún ciudadano, porcentaje que se eleva hasta el 88 por ciento en el caso de las reclamaciones presentadas por cargos locales ante la Entidad en la que ejercen sus funciones de representación. Empleo público, medio ambiente, contratación, urbanismo y vivienda, y obras públicas, son las materias que más peticiones de información requieren por parte de los castellanos y leoneses.

Además, de las 517 reclamaciones, 64 fueron presentadas por cargos representativos locales, medio centenar de ellas por concejales y 14 por vocales de juntas vecinales.

El Procurador del Común destaca también en su documento el aumento del uso por los ciudadanos de las nuevas tecnologías puestas a disposición de estos a la hora de informarse acerca de las funciones y de la actividad del Comisionado y de la Comisión de Transparencia, así como para ejercer su derecho a reclamar ante esta última. Así, más de seis de cada diez reclamaciones presentadas ante la Comisión de Transparencia lo han sido a través de nuestra sede electrónica y casi un 11 por ciento han sido remitidas por correo electrónico.

Otro de los datos que se extraen del informe tiene que ver el grado de incumplimiento de las resoluciones emitidas por el Comisionado de Transparencia por parte de las administraciones públicas, que ha sido del 39 por ciento.

Al respecto, la memoria hace hincapié en que el tamaño y la disponibilidad de personal por parte de las diferentes administraciones influye a la hora de cumplir con el derecho de los ciudadanos al acceso a la información.

Tomás Quintana defiende una mayor claridad en el lenguaje, más información gráfica y visual y una mayor posibilidad de reutilización de los datos aportados son algunas de las demandas comunes por parte del Comisionado respecto a las administraciones que tienen más problemas a la hora de cumplir con estos preceptos.

Por ello, defiende la introducción de las modificaciones necesarias en las leyes de transparencia, estatal y autonómica, dirigidas a garantizar el cumplimiento forzoso de las resoluciones de estos órganos.

Pese a todo, el informe revela como positivo el grado de colaboración recibida por parte de las distintas administraciones públicas a las peticiones del Comisionado de Transparencia, que se estima en en que un 80 por ciento de todas ellas han remitido a la institución el cuestionario cumplimentado que se requería, más de 12 puntos que el año anterior.