CSIF advierte del "ahogo continuo" en los juzgados y del aumento de peticiones sin resolver

"La Junta de empezar a asumir responsabilidades en materia de Justicia y adoptar un gran pacto que permita crear un Consejo que permita desarrollar la Justicia en Castilla y León como impulsor de iniciativas y órgano consultivo”.

Así lo cree y así lo ha contado esta mañana Juanjo Banciella, responsable autonómico en materia de Justicia de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios CSIF Justicia en Castilla y León, durante el VII Congreso Autonómico de este sector que se celebra en León este martes.

Un foro en el que Banciella, además, ha pedido al Gobierno que preside Fernández Mañueco en la Comunidad que urja al Ministerio de Justicia a dotar de los medios necesarios a la Región para que los ciudadanos “reciban un servicio público de calidad, que ahora mismo no tienen".

"La Justicia cuenta con muchas y grandes carencias en Castilla y León", advertía, mientras citaba algunas como la falta de, al menos, 22 órganos en todo el territorio que son necesarios para cubrir la demanda y que son "vitales" para la ciudadanía actualmente, como son Juzgados de Familia, de los que se necesitan en Ponferrada o Valladolid, así como Juzgados de Violencia sobre la Mujer en León y otros partidos judiciales o Juzgados de Primera Instancia en todas las provincias.

Para cubrir esa veintena de órganos judiciales harían falta también 300 personas en toda la Región sobre una plantilla orgánica de 2.800 personas, lo que supone una carencia del diez por ciento de la plantilla, según Banciella, quien, además, hacía hincapié en la ausencia de equipos psicosociales en los Juzgados de Familia, que llevan a cabo una trascendente labor por cuanto son los que se encargan de acomodar los procesos de divorcio y de que los menores se sientan acogidos.

El responsable de Justicia de CSIF alerta del "ahogo continuo" que sufre el sector en la Comunidad que arrancó el año pasado con más de 130.000 asuntos pendientes de tramitar en los juzgados y terminó con más de 161.000, lo que supuso un incremento de un 24 por ciento.

En cuanto al número de asuntos que salen del juzgado dividido entre el número que entra, la conocida como tasa de resolución, ha crecido un siete por ciento hasta situarse en un 0,9. Algo que, según Banciella, quiere decir que una de cada diez peticiones que hacen los ciudadanos a los juzgados se están quedando sin resolver”.

También calificaba de “malo” el dato de la tasa de congestión, que creció hasta el 1,61 por ciento.

En un ámbito más global, el presidente del sector nacional de Justicia de CSIF, Javier Jordán, reclamaba al Ministerio que abra el debate para abordar la clarificación y redistribución de las funciones y de los perfiles profesionales, así como que la ley que se va a implantar en los tribunales de instancia “respete las condiciones laborales de todos los empleados públicos de justicia”.

"La Ley, según está redactada, amenaza directamente las condiciones de trabajo, lo que no estamos dispuestos a aceptar", advertía Jordán..