El Defensor del Pueblo plantea declarar de interés general los cajeros en municipios poco poblados

El cierre de oficinas bancarias en España es una triste realidad desde hace unos años, y que se ha agravado aún más si cabe con la pandemia -se estima en más de 1.700 las sucursales que han echado el cierre en todo el país mientras que en Castilla y León ya no existen alrededor de la mitad de las que había. Un hecho sin precedentes que está provocando un panorama ciertamente desalentador en el medio rural principalmente, precisamente cuando más se está hablando de la lucha contra la despoblación, de ayudar a la España que se vacía y del reto demográfico, lo que supone un contrasentido.

Muchos municipios de la España del interior, con Castilla y León a la cabeza, se han quedado sin acceso a dinero en efectivo, y tampoco pueden pagar con tarjeta o mediante bizum, ahora tan de moda tras la crisis sanitaria, porque carecen de conexión a internet de calidad o de cobertura móvil a lo que hay que sumar el hecho de que al cerrarse la caja o el banco que aún quedaba en su municipio, han perdido, además, a una persona de confianza que les echaba una mano en sus finanzas.

Sacar dinero o realizar cualquier operación bancaria que necesiten es cada vez más complicado en estos pequeños municipios sin tener que desplazarse hasta otro municipio para hacerlo, con las complicaciones que ello conlleva para la mayoría de los habitantes de estos pueblos por cuanto se trata de gente mayor en su mayoría y con dificultades de movilidad.

En Castilla y León, las diputaciones se están movilizando a través de cajeros móviles que realizan rutas cada semana por distintos puntos como es el caso de Valladolid o Burgos. Y en Salamanca, por ejemplo, están los bibliobuses de la institución provincial, que además de llevar la cultura al medio rural prestan también estos servicios financieros.

Ante esta situación, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha propuesto en un informe conocido este jueves que la existencia de cajeros u oficinas en núcleos poco poblados sean declarados servicios económicos de interés general para paliar el “imparable cierre de sucursales bancarias” que está teniendo lugar en las localidades del mundo rural del interior del país, principalmente en Castilla y León.

Según este estudio, el 37,6 por ciento de los ciudadanos de Castilla y León no tienen abierta ni una sola sucursal en su municipio, siendo el mayor porcentaje de las ocho comunidades incluidas en el estudio del Defensor del Pueblo, seguida por la Comunidad Valenciana (22,4 por ciento) y Cataluña (22,3 por ciento).

En el extremo contrario se sitúa Andalucía, donde solo el 4,9 por ciento de las personas encuestadas para el informe no tienen sucursal en su municipio. Un porcentaje que se reduce al 3,2 por ciento en relación a la existencia de cajeros automáticos, mientras que, por el contrario, en Castilla y León el 36,6 por ciento no cuenta con cajeros en su localidad.

La ratio combinada de ambas dotaciones por cada 1.000 habitantes se encuentra en 1,41, media en la que se encuentran las provincias de Salamanca y Valladolid.

Esa ratio crece, aunque no de manera especialmente significativa, en el resto de provincias de Castilla y León, con 1,5 puntos de acceso al efectivo por cada 1.000 habitantes en Palencia, 1,6 en León y Zamora, 1,7 en Ávila, 1,8 en Burgos y Segovia y dos en Soria, debido, principalmente, al menor número de población de estas últimas provincias salvo Burgos.

El Defensor del Pueblo considera que este proceso de cierre de sucursales y cajeros requiere de “un riguroso análisis de impacto y la proposición de alternativas para evitar que los ciudadanos queden desasistidos, sin poder hacer uso de servicios bancarios”.

De igual forma, Ángel Gabilondo también aconseja asegurar que el despliegue de la red de oficinas con asistencia presencial y cajeros salvaguarde la competencia entre las entidades, fomentando modelos de gestión multimarca.

Por último, recomienda crear un grupo de trabajo con Correos para ver la viabilidad de que este organismo público preste servicios adicionales por cuenta de las entidades bancarias para que los habitantes del mundo rural tengan acceso a los servicios económicos y financieros de estas entidades.