Las diputaciones se reivindican como garantes del mundo rural

El conjunto monumental de San Luis de los Franceses de Sevilla acogía este lunes un esperado encuentro de los representantes de las diputaciones, cabildos y consejos insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Sobre la mesa, asuntos que inquietan y preocupan a los municipios, como por ejemplo la reactivación de las reglas fiscales para este año; la necesidad de una nueva financiación local; medidas para repoblar; las ordenanzas de gestión de residuos; el impuesto de circulación; o que estas entidades locales puedan tener un mayor protagonismo en el reparto de los fondos europeos para que estos recursos lleguen a todos los habitantes del medio rural.

De Castilla y León hubo una nutrida representación en esta comisión de la FEMP, con los presidentes de las diputaciones de Valladolid, Segovia, Zamora, Ávila y Palencia, Conrado Íscar, Miguel Ángel de Vicente, Javier Faúndez, Carlos García y Ángeles Armisén, a la cabeza, quienes coincidían en apelar a la importancia de estas instituciones provinciales como garantes de la vertebración del territorio pero también de que los servicios básicos lleguen con calidad a todos aquellos que viven y trabajan en el medio rural.

«Somos las administraciones que con más facilidad podemos vertebrar la sociedad con infraestructuras, servicios y oportunidades de desarrollo», decía Carlos García, para quien el reto demográfico y la financiación local son las dos principales cuestiones «de Estado» que preocupan al mundo rural y a las que hay que dar respuesta más pronto que tarde.

Faúndez, por su parte, hacía hincapié en el papel protagonista que deberían tener las diputaciones como garantes de que los fondos y servicios públicos lleguen a todos los rincones del territorio, mientras que Conrado Íscar pedía a la FEMP su colaboración para que el Registro Civil Digital se implante en su totalidad en todos los municipios españoles.

Finalmente, De Vicente advertía también de otra de las preocupaciones existentes, también en los pueblos, como la ley de contratos o los alquileres de pisos turísticos y los problemas que ambas cuestiones están generando en muchos lugares y a los que hay que dar respuesta.