Agentes de la Guardia Civil de Palencia denunciaron a un hombre por cazar ilegalmente un corzo macho en un coto privado ubicado en la localidad de Brañosera. La operación se enmarca en un dispositivo conjunto con agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León destinado a la prevención del furtivismo de especies silvestres.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 17 de abril, cuando las autoridades recibieron un aviso alertando sobre la presencia de un posible cazador furtivo en la zona. Según la información recibida, el sospechoso había disparado contra una pieza de caza y, posteriormente, había ocultado el cadáver del animal en una zona boscosa para evitar ser descubierto. La rápida actuación de los agentes permitió desplazarse de inmediato al lugar señalado, donde iniciaron una exhaustiva inspección ocular del terreno.

Durante la búsqueda, los agentes localizaron un rastro de sangre que se adentraba en una zona de difícil acceso, cubierta por densa vegetación. A pocos metros, encontraron el cuerpo de un corzo macho que presentaba una herida de bala en el costado, confirmando las sospechas de actividad cinegética ilícita.

Las primeras gestiones realizadas con el adjudicatario del coto privado revelaron que, durante esa jornada, se había autorizado la actividad de caza a una persona concreta. Sin embargo, esta persona afirmó haber disparado contra un corzo sin lograr abatirlo, asegurando que había regresado a su domicilio sin capturar ninguna pieza.

No obstante, las posteriores investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil desmintieron esta versión. Se comprobó que el individuo no había activado el precinto obligatorio para cazar un corzo macho, un requisito indispensable para legalizar la actividad cinegética. Además, no había comunicado su intención de cazar a la Oficina Comarcal de Aguilar de Campoo, incumpliendo las normativas establecidas por la Junta de Castilla y León.

Con las pruebas recopiladas, los agentes procedieron a denunciar al responsable por cazar furtivamente, una infracción que vulnera la legislación de protección de la fauna y la gestión sostenible de los recursos cinegéticos. El corzo abatido fue puesto a disposición de los agentes medioambientales, quienes se encargarán de determinar las medidas adicionales a tomar en relación con el espécimen, informa Ical.