Una jornada de 35 horas acorde a las exigencias de la conciliación

Desde el pasado 1 de junio más de 90.000 empleados públicos disfrutan de la jornada laboral de 35 horas, salvo el sector docente, que se beneficiará de él a partir del inicio del curso el próximo mes de septiembre. Por este motivo, el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha señalado que de esta manera, la Junta consolida los avances en materia de conciliación y que se recupera «un derecho que tenían los empleados públicos autonómicos».

A su juicio, la conciliación es el derecho que tienen los trabajadores a que exista un «equilibrio entre dos facetas»: la labor profesional y su vida personal y familiar. Por ello, una «correcta armonización» de estos dos aspectos supone un factor esencial para su salud y bienestar.

La Junta remarca que aunque pueda parecer un concepto relativamente moderno, hace ya décadas que se empezó a tomar conciencia de la necesidad de alcanzar este equilibrio. Desde entonces, la necesidad de conciliación entre el trabajo y la esfera privada ha sido planteada reiteradamente a todos los niveles –internacional, europeo, nacional y autonómico– como una condición vinculada a la nueva realidad social.

De ahí que se hayan abordado importantes reformas legislativas, entre las cuales ha de considerarse un hito la promovida en 1999 a través de la Ley para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, informa la Junta a través de un comunicado.

Los empleados públicos, al igual que el resto de los trabajadores, se enfrentan al reto de lograr el «ansiado equilibrio» entre vida laboral y vida personal. «Se trata de un desafío diario y cambiante, pues hay momentos en los que conciliar resulta más difícil, principalmente porque surgen nuevas demandas desde el punto de vista familiar, o porque hay períodos en los que se requiere un mayor esfuerzo en el trabajo».

También expone que el legislador ha sido «consciente de ello» y así, la principal norma que regula el empleo público en España –el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleo Público– reconoce expresamente el derecho de los empleados públicos a la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Las medidas que se han implementado para hacer efectivo este derecho son variadas y numerosas y resultan aplicables tanto al personal funcionario como al personal laboral que presta sus servicios para las administraciones públicas.

Los empleados públicos de la Administración castellana y leonesa disfrutaban de esta jornada desde el año 2002. Sin embargo, en 2012, argumentó la Junta, el «difícil contexto económico» hizo que en todo el sector público español se implantase la jornada semanal de 37 horas y media. «Ante una crisis económica de dimensión global y cuyas graves consecuencias se venían sufriendo desde hacía años, era imprescindible cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria, lo que justificó la adopción de esta medida», rememora el comunicado.

En este sentido, recordó que durante las pasadas legislaturas se ha trabajado «de forma intensa para alcanzar los objetivos de consolidación fiscal y reducción del déficit público» y ahora se alcanzan las 35 horas laborales.