Política

La Junta da la cara por las empresas llegadas de Cataluña

Fernández Carriedo advierte de que acudirán a la Justicia si el Gobierno favorece o incentiva mediante cualquier medida el regreso de estas firmas a su lugar de origen

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, atiende a la prensa tras el Consejo de Gobierno
El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, atiende a la prensa tras el Consejo de GobiernoRubén cachoIcal

Castilla y León acudirá a los tribunales de Justicia si el Gobierno de España aprueba cualquier norma o iniciativa que favorezca o incentive el regreso de las empresas que se marcharon de la región catalana y se instalaron en la comunidad castellano y leonesa en los últimos años, principalmente desde 2017 cuando se produjo el Golpe de Estado de Cataluña, denominado «Procés».

Así lo avanzaba este jueves tras el Consejo de Gobierno el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en alusión a uno de los acuerdos que podrían haber alcanzado el Gobierno de Sánchez y Junts, de compensar con incentivos el retorno de esas empresas a su territorio de origen, para que la formación independentista que dirige el prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont, no tumbara los tres decretos ley que se debatieron el pasado jueves en el Senado.

En total son 138 las compañías procedentes de Cataluña de diferentes ámbitos las que en los últimos seis años han trasladado su sede social a Castilla y León, «porque consideran a esta Comunidad un buen lugar para invertir porque tiene un Gobierno amable con las inversiones y la seguridad jurídica», según decía el también consejero de Economía y Hacienda, convencido por otra parte de que dichas firmas «desean» seguir en la Comunidad.

Por ello, advertía de que serán «beligerantes» y no se quedarán callados ni de brazos cruzados ante cualquier amenaza o si se intenta «cambiar las reglas del juego» para favorecer el regreso de estas empresas a tierras catalanas. «La inseguridad jurídica es el peor enemigo de las inversiones», apuntaba el portavoz.

Por su parte, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, también se mostraba ayer bastante molesto por lo ocurrido el pasado miércoles en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados que se celebraba en el Senado ante las obras que se están acometiendo en la Cámara Baja. «Sánchez ha pisoteado una vez más, los derechos de los españoles, por su propio interés y el de sus socios separatistas», decía el líder popular, indignado también por la «falta de información» sobre lo que se está negociando entre Pedro Sánchez y Puigdemont.

Por ello, Mañueco exigía además de información, respeto y que se defienda la igualdad de todos los españoles, al tiempo que echaba en cara al presidente del Gobierno que actúe con «debilidad y egoísmo», y sometido a un «chantaje» que mantiene «secuestrados» a los españoles pero también el interés general.

«No todo vale», insistía, mientras denunciaba que Sánchez ofrezca «privilegios» para sus amigos y «desprecio» para la mayoría de los españoles. Por todo ello, exigía al líder socialista que convoque cuanto antes la Conferencia de Presidentes para que les informe sobre lo que está negociando y ver cómo lo que ha acordado con los independentistas catalanes y otras formaciones como los proetarras de Bildu afecta al resto de Comunidades Autónomas.