Economía

La Junta destina casi tres millones para impulsar la empleabilidad de las personas en riesgo de exclusión social en Castilla y León

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que dirige Isabel Blanco, abre este 1 de junio el plazo de presentación de las solicitudes

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, y el presidente de CERMI Castilla y León, Juan Pérez, con distintos representantes
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, junto a los representantes del Tercer Sectormir_icalAgencia ICAL

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) recoge este miércoles 31 de mayo la convocatoria de subvenciones para financiar los itinerarios de inserción laboral durante este año 2023, cuyo objetivo es mejorar la empleabilidad de las personas en riesgo de exclusión, especialmente la de las perceptoras de la Renta Garantizada de Ciudadanía, puesto que uno de los requisitos para recibir la ayuda es participar en todas las acciones relacionadas con el empleo a las que se les convoque.

En este contexto, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades pone sobre la mesa 2.790.000 euros a los que podrán optar las entidades sin ánimo de lucro pertenecientes a la ‘Red de Protección e Inclusión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica’ que desarrollen itinerarios integrados y personalizados de empleo en la Comunidad y que se encuentren inscritas en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de Carácter Social de Castilla y León. El plazo de presentación de las solicitudes comienza mañana y será de 20 días naturales.

El montante total está financiado a partes iguales por la Junta de Castilla y León y por el Fondo Social Europeo. El objetivo principal es poder desarrollar hasta 155 itinerarios en los que podrán participar 2.170 personas y de las que se espera que el 62 por ciento sean mujeres. Asimismo, se prevé que un 30 por ciento de los participantes puedan encontrar un trabajo durante o después de los periodos formativos.

En cada itinerario tomarán parte entre 12 y 16 personas, de las cuales al menos la mitad deberán ser beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía. Las 200 horas de cada acción se alargarán durante al menos cinco meses y se distribuirán en sesiones individuales y grupales, adaptadas siempre a las necesidades de los participantes.

Fases de cada itinerario

Cada itinerario está integrado por tres fases diferenciadas. En primer lugar, la destinada a información, orientación y asesoramiento. En ella se llevarán a cabo sesiones para conocer tanto el mercado laboral como los servicios de información, orientación e intermediación del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, así como alternativas relacionadas con el trabajo autónomo, el acceso a los microcréditos o la conformación de empresas de economía social. También se trabajará en acciones específicas sobre las posibles ocupaciones futuras de los usuarios o en la obtención de títulos y certificados de profesionalidad, entre otras.

La segunda fase se centrará en la formación. En ella se abordará el aprendizaje y mejora de competencias profesionales y habilidades sociales, así como de materias transversales: comunicación, gestión del tiempo, motivación, etc. Todo ello para obtener los recursos precisos para una efectiva búsqueda activa de empleo. Asimismo, los participantes recibirán formación en prevención de riesgos laborales y para el acceso a los programas normalizados de formación para el empleo, junto con otros recursos necesarios.

La última de las fases culmina con el acompañamiento y seguimiento para la inserción laboral. Una de las tareas de esta etapa será el entrenamiento para la búsqueda de empleo a través del conocimiento de los canales de búsqueda, el abordaje del proceso de selección, el currículum vitae o la entrevista de trabajo. A través de la profundización en las actividades de intermediación y de habilidades sociales y en el contacto directo con las empresas, se pretende finalizar con la presentación de los participantes como candidatos firmes a un puesto de trabajo o con su apoyo y seguimiento en prácticas de inserción.

Renta Garantizada de Ciudadanía

La subvención hace hincapié en las personas beneficiarias de la Renta Garantizada de Ciudadanía, una renta mínima para garantizar la subsistencia de las personas en riesgo de exclusión para lograr a la vez su inserción laboral. Se puso en marcha en 2013 y es una pieza clave del engranaje de los Servicios Sociales de la Comunidad. No obstante, su percepción está condicionada a algunas obligaciones. Entre las más relevantes se encuentra, precisamente, la asistencia a las acciones formativas programadas y a no rechazar una oferta de trabajo, junto a evitar el absentismo escolar de los menores a su cargo o estar inscritos como demandantes de empleo.