Justicia gratuita en la España vacia: muchos kilómetros, pocos letrados y mal pagados

La asistencia jurídica gratuita es un derecho constitucional que ampara a las personas con menos recursos, independientemente de donde vivan, pero no es lo mismo prestar este servicio en Barcelona que en Palencia, Soria, Zamora, Teruel o Cuenca.

En la España despoblada supone mayor dificultad para los letrados, que son menos y están peor retribuidos, y la desigualdad también se cuela en el turno de oficio.

Suena el teléfono a las tres de la tarde, han detenido a un conductor que circulaba bebido y a más velocidad de la permitida por la A-67, en Aguilar de Campoo (Palencia). O a las doce de la noche: ha habido una pelea en una zona de copas de Guardo, a cien kilómetros de la capital.

El abogado Miguel Hermosa ha estado en el Turno de Oficio durante diez años y ahora lo gestiona como decano del Colegio de Abogados de Palencia.

"Cuando está de guardia tienes que estar 24 horas disponible, en un sitio donde haya cobertura, y con el depósito del coche lleno, por si te llaman. Si te llaman cobras por la asistencia, que no incluye el desplazamiento. Si no llaman, no cobras nada. Es el único servicio público que no paga la disponibilidad durante las guardias", resume a la Agencia EFE este abogado palentino.

La situación se repite cada día, los 365 días del año, en provincias como Palencia, o Soria, o Zamora, o Teruel, o Cuenca.

La Justicia gratuita es un derecho de los ciudadanos que los abogados prestan de forma voluntaria, pero prestarlo en la España despoblada conlleva mayores dificultades que hacerlo en grades ciudades y, generalmente, peores contraprestaciones.

Para empezar, en Palencia hay 240 abogados ejerciendo, de los que menos de la mitad, 108, prestan el Turno de Oficio y asistencia al detenido, -además de servicios en violencia de género, orientación jurídica y asistencia jurídica a los reclusos del centro penitenciario de Dueñas-. La provincia tiene 160.000 habitantes, tres demarcaciones judiciales y distancias de hasta 120 kilómetros con la capital.

"Somos un Colegio pequeño que presta servicio en la España vaciada", manifiesta a EFE Miguel Hermosa mientras aclara lo que eso conlleva porque los Colegios tramitan y gestionan el Turno de Oficio y lo hacen con muy poco personal (el de Palencia tiene dos trabajadoras) y un volumen de trabajo excesivo (1.754 expedientes de justicia gratuita el año pasado).

Además, el Colegio establece el calendario de guardias para que no haya un solo día en blanco y para que Juzgados y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sepan qué teléfono tienen que marcar y a qué letrado deben llamar cada día del año.

En el caso de la provincia de Palencia solo habrá un abogado de guardia, -cantidad suficiente para el Ministerio de Justicia en base a los índices de delincuencia-, que lo tendrá realmente complicado para acudir a Cervera de Pisuerga y estar a la vez en Carrión de los Condes o en Palencia si debe responder a varias llamadas y llevar distintos procedimientos, con kilómetros de distancia por medio e inclemencias meteorológicas en invierno.

"Prestar una asistencia en San Salvador de Cantamuda supone más de una hora y media de desplazamiento", afirma Hermosa. Además los letrados tienen que llevar su propio coche y no cobran los gastos del desplazamiento, ni dietas ni kilometrajes.

Por eso son tan importantes las demandas de los Colegios de la Abogacía de España, los Consejos Autonómicos y su Consejo General, para que se reforme la Ley de Justicia Gratuita y haya un Pacto que mejore las condiciones en que los profesionales prestan este servicio público.

"Pero también es necesario tener en cuenta las diferencias territoriales y de población para prestar el servicio de calidad que merecen todos los ciudadanos, porque no es lo mismo organizar unas guardias en Palencia, con poca población y muchas distancias, que en Sevilla o Madrid, con mucha más población y muchos más partidos judiciales", explica Hermosa.

A las dificultades que afrontan los profesionales en el día a día de la España rural, vaciada y despoblada, se suman las retribuciones, con baremos mucho más bajos en el territorio del Ministerio de Justicia, es decir en las comunidades que no tienen transferidas las competencias.

En Cataluña o el País Vasco se puede pagar el doble que en Palencia por el mismo servicio. En el territorio Ministerio, y por tanto en Castilla y León o Palencia, pero también en Castilla la Mancha, Murcia, Extremadura, Ceuta y Melilla, la horquilla monetaria se mueve entre 70 euros y 405 euros en función del procedimiento.

Es cierto que en una provincia como Palencia la mayor parte de los asuntos son pequeños delitos por robo, hurto, peleas, agresiones, amenazas, alcoholemias al volante, reclamaciones de familia, divorcios, pensiones, indemnizaciones o medidas sobre menores. Si se solucionan con un juicio rápido el abogado de oficio cobra una media de 90 euros.

"El asunto que más se cobra es el procedimiento con jurado, 405 euros brutos, con todo el trabajo que supone al ser el más complejo y que más horas de trabajo requiere porque puede ser un procedimiento con miles de folios y pruebas", añade Hermosa.

Otro ejemplo. Por la asistencia a un detenido por alcoholemia en Cervera de Pisuerga y el jucio posterior, el letrado del Turno de Oficio cobra 270 euros por hacer el escrito de defensa, reunirse con el cliente, ver si se puede llegar a un acuerdo con el Fiscal.... Una cuantía idéntica por el mismo servicio que en Palencia, sin tener que desplazarse, y la mitad que en otras comunidades autónomas.

Un juicio de familia completo, con la complejidad que conlleva, porque incluye medidas para los menores, 270 euros brutos. "Un divorcio 270 euros brutos si es contencioso, 162 euros si hay acuerdo", apunta Hermosa. En el País Vasco casi el triple, 574 euros.

"Queremos una equiparación y que el servicio que prestamos se retribuya de una forma digna", insiste Hermosa que quiere dejar claro que las reclamaciones no son solo económicas y advierte de que con las condiciones actuales y las diferencias que hay entre los territorios se corre el riesgo de que cada vez haya menos abogados que voluntariamente quieran prestar este servicio. Y serán los ciudadanos los que paguen las consecuencias, especialmente los de las zonas rurales más despobladas donde pueden verse discriminados también en la administración de la Justicia.