El Plan Estratégico de Servicios Sociales 2026-2029 refuerza la innovación tecnológica en las prestaciones con una inyección de 253,8 millones

El Plan Estratégico de Servicios Sociales de Castilla y León 2026-2029, que cuenta con un presupuesto de 253,8 millones de euros para llevar a cabo 116 iniciativas, tendrá como objetivo la mejora continua de la atención a las personas vulnerables, con la adaptación a las nuevas necesidades y requerimientos de una sociedad en “pleno cambio”. Para ello incorporará “todas” las herramientas existentes, incluidas las derivadas de la innovación social, sin olvidar la formación y capacitación de los profesionales del sector. Pero la clave para la mejora en la atención de cuidados pasa por la innovación y los nuevos avances tecnológicos en las prestaciones y servicios, y así lograr que se adapten a las necesidades de las personas. En definitiva, se busca reforzar prestaciones y servicios, ampliando coberturas y apostando por la calidad.

El proyecto del documento, consultado por la Agencia Ical, contempla el impulso del desarrollo y la introducción de las nuevas tecnologías para la mejora de la calidad del propio sistema de servicios sociales de responsabilidad pública, así como el desarrollo de proyectos de investigación tecnológica y desarrollo de soluciones técnicas que potencien la autonomía personal de las personas que cuenten con dificultades para el desarrollo de las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria.

Además, incide en la necesidad de continuar su transformación en un sistema “inteligente” y “moderno” capaz de proporcionar nuevos servicios “más cercanos” y de “alto valor añadido”, llegar a todas las partes del territorio y ofrecer respuestas “eficaces” a las nuevas necesidades que aparecen en la sociedad.

Entre ellas, cita la soledad no deseada, las soluciones y alternativas de atención en el domicilio a las personas dependientes o con discapacidad en los cuidados de larga duración, la lucha con la transmisión intergeneracional de la pobreza en un contexto de prestaciones nacionales (Ingreso Mínimo Vital) y autonómica (Renta Garantizada de Ciudadanía) para atender a las necesidades básicas de subsistencia o las adiciones a las pantallas, especialmente entre jóvenes y adolescentes, entre otras.

El borrador también apuesta, según la consulta por Ical, por “potenciar” la autonomía personal y los cuidados de larga duración y “paliar” las consecuencias del envejecimiento de la población y la aparición de nuevas necesidades derivadas de la soledad de las personas mayores, lo que obligará a “reforzar” la dotación residencial y de servicios.

Además, defiende que las personas permanezcan el mayor tiempo posible en su domicilio, lo que obligará a buscar fórmulas para hacer llegar las atenciones que necesitan donde permanecen. “Esto va a exigir consolidar los programas desarrollados en la Gerencia de Servicios Sociales de atención domiciliaria a personas dependientes y a personas con discapacidad”, sentencia.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades subraya la necesidad de “mantener” y “reforzar” la cooperación entre departamentos, administraciones, otras organizaciones y sector privado para “unificar” y “cohesionar” el sistema y hacerlo “más eficiente”. Al mencionar la colaboración, valora el papel del Diálogo Social, que ha permitido avanzar en el diseño de nuevas políticas sociales y alcanzar un alto desarrollo normativo.

También, cita la existencia de dos niveles de atención, diferenciando los servicios especializados y los servicios dirigidos a toda la población, en el que los Centros de Acción Social (Ceas), constituyen la referencia en relación con la valoración de casos, la dispensación de servicios y la coordinación y seguimiento de las prestaciones.

Atención en domicilio

Entre los retos estratégicos a los los servicios sociales de la Comunidad deben hacer frente en los próximos años, están hacer frente a los procesos de envejecimiento y sobre envejecimiento y a las consecuencias derivadas de la pérdida de autonomía de las personas, el incremento de personas que viven solas y una disminución del cuidado informal disponible y la atención en domicilio a las personas dependientes. El documento reconoce que la dificultad de esta atención se incrementa aún más en el ámbito rural, amplio y disperso por el territorio en pequeños núcleos de población.

El uso de las nuevas tecnologías también debe servir para mejorar “aún más” la relación con el ciudadano y avanzar en la gestión que permitan la optimización de los recursos. En este sentido, se refiere a la reducción de los plazos de tramitación, la simplificación de procedimientos y trámites, la automatización de los procedimientos, la visión integrada de la información y orientar la atención a los usuarios y sus necesidades cambiantes.

Historia social única

Por ejemplo, el Plan prevé completar la implementación de la aplicación de la historia social única para el acceso de los profesionales y los usuarios del sistema de Servicios Sociales a lo largo de 2026. En caso de los datos de las entidades de Tercer Sector que participan en el sistema, será en los años 2026 y 2027. Además, se promoverá la digitalización de la Inspección de Servicios Sociales durante toda la vigencia del Plan, hasta 2029.

Otra de las actuaciones del Plan para los próximos cuatro años es continuar con el apoyo a la familia y la conciliación. Tomando como base el actual Plan Familias, la Junta apuesta por continuar con la mejora y desarrollo de las prestaciones, ayudas y apoyos que existen para promover a la efectiva conciliación de las familias.

El presupuesto de los 253,8 millones de euros del nuevo plan es la mitad de la dotación del anterior, que cubría los años entre 2022 y 2025, que ascendió a 515 millones al incorporar la gestión de los fondos europeos Next Generation. Eso sí, se contemplan la finalización del gasto de los fondos de recuperación y resiliencia (MRR) en los años 2026 (400.000 euros) y 2027 (400.000 euros).

Las cuentas se distribuirán por ejercicios: 2026 (66,1 millones), 2027 (67,9 millones), 2028 (64 millones) y 2029 (55,7 millones de euros). En cuanto al reparto por cada uno de los cuatro ejes, serán 146,7 millones para la autonomía personal y cuidados de larga duración (41 actividades); 71,8 millones para familia, conciliación e infancia (22 actividades); 31,5 millones para inclusión social, lucha contra la violencia de género y lucha contra la pobreza (26 actividades) y 3,7 millones para la mejora general del sistema de servicios sociales (27 actividades). La memoria económica del futuro Plan no contempla el coste del personal propio de la Gerencia regional de Servicios Sociales ni tampoco las actividades de las que son responsables las corporaciones locales.

Por último, se incorpora un apartado sobre evaluación y seguimiento del Plan, que corresponderá a la Gerencia de Servicios Sociales y se realizará con carácter anual.