El Plan de Fiscalización del Consejo de Cuentas para 2024 incluye un informe el económico y financiero de la Gerencia de Servicios Sociales

El Consejo de Cuentas de Castilla y León celebró hoy en la localidad leonesa de Astorga un pleno en el que se aprobó el Plan de Fiscalizaciones para 2023, en el que se incluyen un total de 56 informes, 27 de ellos ya en marcha y 29 que se propondrán a las Cortes para su aprobación. Entre ellos, se insistirá en el endeudamiento de la Comunidad, los servicios públicos esenciales -educación, sanidad y servicios sociales- y se llevará a cabo un informe económico y financiero a la Gerencia de Servicios Sociales.

Así lo señaló el presidente del Consejo, Mario Amilivia, quien detalló que también se continuará con el posicionamiento de las universidades públicas, al tiempo que se llevará a cabo una fiscalización específica sobre su política de personal. Además, desde el punto de vista local, se seguirá insistiendo en la ciberseguridad y se iniciará un informe de seguimiento de las recomendaciones hechas en la materia a los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes.

En el caso concreto de la provincia de León, con un total de 26 informes que afectan de manera directa e indirecta, a la fiscalización del Ayuntamiento de Ponferrada, este año se suma una específica sobre determinadas áreas del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo y del Consejo Comarcal de El Bierzo. Asimismo, se efectuará una fiscalización sobre la contratación menor de Astorga y La Bañeza y se continuará sobre la efectuada sobre la presentación de servicios por parte de la Diputación y el Consejo Comarcal a los pequeños ayuntamientos.

En relación con las instituciones provinciales, Amilivia explicó que las implicadas directamente son León, Burgos y Palencia, que “tienen que dotar, cubrir y asistir a las entidades locales menores que tienen dificultades objetivas de personal”.

Rendición de cuentas

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León también aprovechó la ocasión para hacer referencia a la rendición de cuentas, respecto a lo que puso de relieve que en Castilla y León rinden cuentas 2.248 ayuntamientos, el 27 por ciento del total de España y el 60 por ciento del total de 2.224 entidades locales menores, de las que el 55 por ciento se sitúan en la provincia de León.

A día de hoy, de acuerdo con lo trasladado por Mario Amilivia, “han rendido cuentas casi todos los ayuntamientos”, a pesar de que el plazo legal concluyera el 31 de octubre. En este sentido, resaltó que el Ayuntamiento de Astorga “siempre lo ha hecho ininterrumpidamente”, aunque matizó que, desde 2018 y hasta la fecha, “siempre lo hace fuera de plazo”.

Astorga

Desde el punto de vista económico, según los datos aportados por Amilivia de acuerdo con la última cuenta rendida por el Ayuntamiento de Astorga al Consejo de Cuentas, este tiene “una situación económica positiva” con “un resultado presupuestario de 3,90 millones de euros, remanentes de tesorería por 2,7 millones y una deuda viva de 975.000 euros”.

Durante los 20 años de existencia del Consejo de Cuentas, este ha acometido un total de 60 informes relacionados con el Consistorio astorgano, “bien directamente sobre su gestión o indirectamente sobre la prestación de servicios de la Diputación o la Junta”.

En el último mandato, desde el año 2019 hasta la fecha, se han emitido un total de cinco informes relacionados con Astorga. Uno de ellos versó sobre ciberseguridad y “todas las recomendaciones fueron aceptadas”, mientras que dos se hicieron en colaboración con el Tribunal de Cuentas sobre la administración electrónica y otro sobre actuaciones medioambientales. Los dos últimos incluían recomendaciones para mejorar la gestión del impuesto de plusvalía y sobre la suspensión de reglas fiscales.