Ratifican la pena de cárcel para una ex concejal que se hizo pasar por un funcionario de Hacienda para cobrar un embargo de 10.300 euros

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha ratificado este viernes la sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid que condenaba a una mujer a 27 meses de prisión por los delitos de estafa continuada y falsedad de documento oficial tras simular una gestión con la Agencia Tributaria para que las víctimas abonasen más de 10.000 euros y poder levantar el embargo que pesaba sobre una vivienda que la familia quería vender.

La Sala de lo Civil y Penal, en una sentencia fechada el pasado 19 de enero y facilitada por el TSJCyL, ha desestimado el recurso de apelación presentado por la condenada y ha ratificado en su totalidad la sentencia impuesta en julio de 2023, que incluía también la indeminación a las víctimas con dos pagos de 1.350 y 8.972 euros. La acusada había recurrido el auto con el “único motivo de impugnación por error sobre la apreciación de las circunstancias que determinaron su condena”.

Los hechos ocurrieron entre 2019 y 2020, cuando la acusada conoció a la hija de la víctima en la guardería a la que ambas llevaban a sus hijos y, tras trabar amistad, esta le explicó que su madre quería vender una vivienda de su propiedad sobre la que pasaba un embargo de Hacienda y una deuda que no podía abonar.

La ahora condenada se hizo pasar por trabajadora de un depósito fiscal y aseguró poder contactar con un "alto funcionario" que las podía ayudar, según recoge la sentencia de la Audiencia Provincial, ahora ratificada por el TSJCyL.

La mujer facilitó a sus víctimas una cuenta bancaria, en teoría de Hacienda, en la que podían realizar el pago de la deuda fraccionado y mensualmente, de modo que la víctima llegó a pagar 1.350 euros.

Además, a través de un correo electrónico, la hija contactó con el supuesto alto funcionario, que en realidad era la propia acusada, quien le indicó que debía pagar el resto de la deuda en tres pagos no superiores a los 3.000 euros.

Debido a que ni madre ni hija disponían de ese dinero, y necesitaban levantar el embargo pues había un posible comprador para la vivienda, la pareja de la madre se hizo cargo de los abonos a través de dos pagos de 2.988 y 2.996 euros.

En total, la pareja de la mujer llegó a pagar 8.972 euros para saldar la deuda en su totalidad.

Tras la gestión, la acusada remitió a la familia un certificado falso de la Agencia Tributaria, en el que se recogía que la víctima estaba al corriente de sus pagos, y también una nota del Registro de la Propiedad que afirmaba que el inmueble se encontraba libre de cargas.

La estafa se descubrió cuando la familia llevó la documentación a la agencia inmobiliaria que estaba gestionando la venta de la vivienda.