Las sanciones en establecimientos alimentarios de Castilla y León crecen casi un 50% en el último año

La Consejería de Sanidad impuso a lo largo de 2024 un total de 480 sanciones durante la realización de controles en las industrias y establecimientos alimentarios de la Comunidad, lo que supuso un aumento del 48,1 por ciento en relación a 2023, donde se contabilizaron 324, según los datos enmarcados en el informe sobre el control oficial de productos alimenticios y recogidos por Ical.

El sector de comidas preparadas y cocinas centrales (44 por ciento) se posicionó a la cabeza, al contabilizar 228 expedientes sancionadores y 211 sanciones formalizadas, seguidos por los establecimientos polivalentes (20,2%), con 111 expedientes y 97 sanciones; carne y derivados (13,1 por ciento), con 70 y 63; y vegetales y derivados (7,3 por ciento), con 38 y 35. De esa forma, entre los cuatro sectores suman el 84,6 por ciento de las sanciones impuestas a establecimientos de productos alimenticios de Castilla y León.

Las diferentes industrias y establecimientos alimentarios de la Comunidad se dividen en 20 sectores, que computan un total de 42.616 establecimientos. Dicho global, se divide en seis fases diferentes, con fabricante/elaborador (3.588), envasador (949), almacenista distribuidor (3.496), distribuidor sin depósito (952), minorista (33.418) y otros (213), siendo la última fase la que se refiere a los mataderos, lonjas y mercados mayoristas.

En línea con el cambio de criterio establecido durante el año 2012, se contabilizaron durante 2024 un global de 10.300 incumplimientos, un 3,6 por ciento menos que el pasado años, donde se enmarcan todas las desviaciones, respecto a lo exigido por la legislación vigente detectadas por los inspectores. Dependiendo de la gravedad de estos, los Servicios Oficiales de Salud Pública han adoptado medidas que van desde la propuesta de cierre, hasta el establecimiento de un plazo de corrección de la deficiencia detectada o la planificación de una nueva visita de seguimiento para subsanar la misma, pasando por la limitación o suspensión de la actividad, la intervención de medios materiales, la inmovilización de productos y la inclusión en la red de alerta.

Estos incumplimientos se segregan en estructurales (2.367), que son aquellos que afectan a la estructura física del establecimiento; operacionales (6.386), los determinados por la actividad del operador económico; y ligados al producto (1.547), con los relacionados con defectos en el etiquetado de los productos alimenticios, informa Ical.

Respecto a los sectores, comidas preparadas y cocinas centrales suponen más de la mitad del total de incumplimientos, con un 59,3 por ciento, siguiéndole los establecimientos polivalentes (18,5 por ciento), carne y derivados (8,6 por ciento) y Cereales y derivados (6,5 por ciento).