Trabajadores de Sanidad de Castilla y León exigen en Madrid a Mónica García un nuevo Estatuto Marco

Trabajadores de Sanidad de Castilla y León exigieron en Madrid a la ministra Mónica García un nuevo Estatuto Marco. Lo hicieron a través de una concentración ante el Ministerio de Sanidad convocada por los cinco sindicatos de la Mesa de Negociación, como son Satse-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saudé, con presencia de miles de participantes.

Allí reclamaron a la ministra que no cierre la negociación con las patronales y busque un acuerdo que permita aprobar un nuevo Estatuto Marco que mejore las condiciones laborales del personal de Sanidad y la atención a los pacientes.Bajo el lema ‘Estatuto para avanzar’, los concentrados reclamaron a Sanidad y al resto de ministerios implicados una “acción de gobierno conjunta y coordinada", y también que las comunidades autónomas se comprometan a trabajar por mejorar la Ley “en lugar de proponer recortes en derechos y avances para cerca de un millón de profesionales de la sanidad pública”.

El presidente del sector nacional de Sanidad de CSIF, Fernando Hontangas, explicó la estrategia sindical que habrá si el Estatuto Marco se cierra en falso, y alertó de la falta de medios materiales y humanos ante la “inminente” llegada del mal tiempo, la falta de acuerdo entre Gobierno y comunidades autónomas y la preocupación ante la ausencia de Presupuestos Generales del Estado y la parálisis del Gobierno

Hontangas denunció que el texto actual de Estatuto Marco “mantiene la precariedad laboral en algunas cuestiones esenciales como las retribuciones justas, reclasificación y actualización de funciones, jornada de 35 horas o derecho a jubilación anticipada”.

Por su parte, el responsable del sector de Sanidad en CSIF Castilla y León, Enrique Vega, recordó que llevan tres años negociando con el Ministerio el Estatuto Marco, que suponga mejoras para todos los colectivos del ámbito sanitario. Insistió, además, en que una jornada de 35 horas “realista, regulada y saludable” debe aplicarse en una norma básica para que se implante en todo el territorio nacional de forma homogénea. “No podemos depender de compromisos políticos para su aplicación”, añadió. Por último Vega afirmó que “estamos dispuestos a endurecer las protestas e incluso llegar a la huelga".