Desde que Quim Torra formara Govern en junio de 2018, los choques entre JxCat y ERC han menudeado pero nunca habían amenazado la continuidad del Govern como ahora. En pleno clima preelectoral, alimentado sobre todo por la decisión de la Junta Electoral Central de inhabilitar a Quim Torra, el acuerdo de investidura sellado entre ERC y el PSOE ha tensionado todavía más la relación entre republicanos y JxCat, y la situación penitenciaria de los presos condenados por el «procés», que se ha esclarecido esta tarde, abona la guerra civil independentista. En este sentido, la Secretaría de Medidas Penales, dependiente de la conselleria de Justicia (en manos de ERC), ha ratificado el segundo grado para todos los políticos presos, según ha confirmado el Govern.

La decisión contrasta con la intención de los presos de JxCat, que aspiraban al tercer grado –régimen de semilibertad–. Los neoconvergentes han presionado en todo momento para que ERC optara por la vía de la semilibertad, pero los republicanos, en su línea, se han inclinado por la prudencia. En este sentido, el Servicio de Clasificación, adscrito a la Secretaria de Medidas Penales y encargado de esta cuestión, ha ratificado la propuesta de las Juntas de Tratamiento de los centros penitenciarios –que es lo más habitual–, que ya planteaban el segundo grado.

Con el segundo grado, no obstante, los presos podrán optar a permisos de inmediato –Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, a partir del martes, y el resto de políticos de manera progresiva hasta que cumplan una cuarta parte de la condena– y a algunos beneficios penitenciarios si se les aplica la vía del artículo 100.2 o 117 del reglamento penitenciario. Ambos preceptos permiten salidas de prisión con mayor regularidad: en el caso del 100.2, serían salidas diarias para trabajar y dormir fuera de prisión en fin de semana, mientras que el 117 es algo más restrictivo –permite salidas exteriores durante unas horas para desarrollar algún tipo de actividad–.

La conselleria de Justicia ha optado, en este sentido, por la vía más prudente: si hubiera concedido el tercer grado, la decisión hubiera sido objeto de recurso inminente por parte de la Fiscalía o Vox ante el Tribunal Supremo (TS) y el riesgo de revés hubiera sido mayor, mientras que ahora, el primer recurso iría dirigido al juez de vigilancia penitenciaria –y una vez falle, se podría recurrir, en última instancia, ante el tribunal sentenciador, el TS–.

En cualquier caso, los neoconvergentes no dudarán en aprovechar esta decisión para desgastar a ERC ante el independentismo. De hecho, en las últimas horas, han mostrado ya sus cartas con Oriol Junqueras: Torra ordenó habilitar mencanismos alternativos al TS para que el líder de ERC pudiera acudir el lunes al Parlamento Europeo como eurodiputado, ante la posibilidad de que el Alto Tribunal vetara su salida de prisión. ERC, sin embargo, se ha expresado en contra de cualquier ocurrencia y rechaza «abrir las cárceles», apostando por seguir «vias transitables y realistas». En este sentido, la defensa de Junqueras ha interpuesto un recurso de súplica contra el TS y ha pedido al Parlamento Europeo que «proteja su inmunidad».

Sin el plácet del TS, Junqueras no tiene ningún resquicio legal para salir de España. Fuentes jurídicas consultadas por este diario han explicado que cualquier permiso que otorgue la Generalitat –en este caso, Instituciones Penitenciarios–, constituiría un delito. Solo cuando adquieren la situación de libertad condicional, podrían aspirar a salir del Estado –las mismas fuentes recuerdan que hay algunos antecedentes–.

Tras la decisión, los presos podrán reclamar en cualquier momento la progresión de grado, pero corresponderá a la administracion penitenciaria autorizarlo en seis meses –desde hoy–.