Torra topa de nuevo con la justicia: recurre el veto a prohibir reuniones en L’Hospitalet para frenar la covid

Lérida se ha despertado hoy indignada y L’Hospitalet despistada después de que la justicia avalara el grueso de las medidas decretadas por la Generalitat para frenar la propagación del virus, pero no todas. Al presidente de la Generalitat, Quim Torra, no le ha gustado que el Juzgado de Instrucción 16 de Barcelona desestimara la medida para tres barrios de L’Hospitalet de limitar a un máximo de 10 personas las reuniones. Y ha anunciado que en las próximas horas presentará un recurso en contra.

El president se ha reunido con los servicios jurídicos esta mañana para valorar un recurso contra la decisión judicial de limitar las medidas para frenar los brotes de Covid-19 en los barrios de la Torrassa, La Florida y Collblanc.

El juez apoya el grueso las medidas que el Govern propone para L’Hospitalet. Pero se opone a limitar las reuniones de más de 10 personas, siempre y cuando en encuentros como bodas, misas o funerales, por ejemplo, se cumplan las medidas de seguridad, mascarilla, higiene y distancia de seguridad.

Después de triplicar los casos en sólo una semana, este municipio con un entramado urbano que se funde con la ciudad de Barcelona ha limitado la actividad en tres barrios: La Torrassa, Collblanc y La Florida. Son tres barrios populares. La Torrassa, el foco inicial, fue el destino de muchos murcianos, andaluces y maños que emigraron para trabajar en Barcelona el siglo pasado. Ahora, viven muchos latinoamericanos y magrebís. Las viviendas son pequeñas, en numerosos casos, acogen muchas personas y esto empuja a hacer vida en la calle.

Para reducir la transmisión, la resolución de la Generalitat recomienda limitar la movilidad y encuentros sociales. Además, ordena reducir el aforo interior en bares y restaurantes a la mitad, además de cerrar discotecas, cines, teatros y prohibir eventos deportivos. Pero la justicia rechaza la prohibición de limitar las reuniones de más de diez personas porque afecta a “un derecho fundamental” y entiende que no tiene cobertura dentro de la modificación del decreto ley aprobado por el Govern.

Mientras lidia con la justicia, Torra repite a la ciudadanía que cumpla las medidas anunciadas. “Son absolutamente necesarias para frenar los contagios”, afirma.

En defensa propia, alega que la máxima prioridad de su gobierno es la salud y la vida de las personas. Y reitera que no puede haber “ninguna interferencia judicial que entorpezca el combate colectivo contra la pandemia”.

Acepta la decisión del juzgado de Lérida

En Lérida, el juzgado de Instrucción 2 ha ratificado también las medidas del Govern para contener los brotes de COVID-19 en la capital y otros seis municipios del Segrià. Aunque también propone excepciones: libra a Massalcoreig de las restricciones al considerar que su situación epidemiológica no es tan grave. Los municipios afectados por estas medidas son Alcarràs, Aitona, Seròs, Soses, La Granja d’Escarp, Torres del Segre y las entidades municipales Sucs y Raimats. El alcalde de Lérida, Miquel Puig, ha pedido esta mañana que se exima de las restricción también a Sucs y Raimats, un municipio a una distancia prudente del resto donde no hay ningún caso detectado.

El juez en funciones de guardia, Ramon Salada Virgili, establece en su auto la validez de esta ratificación por un plazo de 15 días, que puede ser prorrogado, aunque exige a la Generalitat que informe semanalmente de la evolución de la pandemia y de las propuestas de corrección de las medidas acordadas en su caso.

Para contener la veintena de brotes detectados en Lérida, en los siete municipios hay restricciones de entrada y salida. Los vecinos pueden salir de casa para trabajar, comprar, ir al médico o cuidar a mayores y niños. Se han cerrado bares, restaurantes, gimnasios y actividades culturales como el cine o el teatro. El comercio sigue abierto, pero como lamenta Axel, que regenta “Bolsos Parada”, una tienda en la calle Major, el principal eje comercial, “si se recomienda a la gente que no salga de casa y limite las actividades, ¿quién va a venir a comprar?”. Axel y Joana, también dependienta, denuncian que las autoridades no han estado a la altura. “No era nada nuevo que iban a venir migrantes para trabajar en la cosecha de la fruta, vienen cada año, ¿por qué no se tomaron medidas sanitarias y sociales?”, preguntan.