Parlamentarismo judicial o la cuadratura del círculo

Los jueces nos vemos empleando nuestra limitada fuerza, no ya para despolitizar el CGPJ, si no para conservar el grado de politización que ya era una injerencia

Existe un elevado consenso a la hora de situar el parlamentarismo como eje en torno al cual gravita la vida política de un sistema democrático, y las elecciones como la más plástica manifestación de soberanía popular. Sin embargo, reducir la elevada complejidad del entramado orgánico de la mayoría de los países occidentales, a una única institución, o a una herramienta formal de uso periódico, es una simplificación pueril e indeseable. El Sufragio es cauce adecuado e imprescindible para dar voz puntualmente a la ciudadanía, pero la vida en democracia es también, y sobre todo, aquello que sucede entre las citas electorales. El verdadero cemento de los sistemas políticos pluralistas es el compromiso permanente, individual y colectivo, basado en la libertad, el respeto al otro, y la limitación de poder. La democracia es, en definitiva, el encuentro entre diferentes guiados por la convicción íntima compartida de la superioridad de un sistema de valores que pone el interés colectivo por encima de las expectativas individuales.

Suele invocarse a Montesquieu para elogiar las bondades de la separación de poderes. No obstante, la cuestión es mucho más prosaica que lo que pueda exponerse en una obra de filosofía política. El ser humano es un ente Interesado e incluso egoísta. La defensa de los propios principios puede aparecer como una evocación romántica, si bien al fin, el que lucha por sus ideas, no necesariamente lo hace por la libertad ni la igualdad de derechos. La composición de intereses contrapuestos está en el germen de la administración de justicia como complejo institucional.

Los Partidos Políticos, por su parte, son potentes máquinas de promoción de intereses privativos. Agrupaciones de personas tan egoístas o desprendidas como cualquier otra, aunque llave única del sistema parlamentario. Es por ésto que se hace imprescindible garantizar que el Poder Judicial resulte absolutamente impermeable a las tentaciones partidistas.

El Consejo General del Poder Judicial es un órgano constitucional compuesto por veinte vocales, de los que doce son extraídos de la carrera judicial por imperativo constitucional. La designación de los vocales judiciales queda deferida a regulación mediante Ley Orgánica, de manera que en 1980 se dispuso que fuera un colegio electoral compuesto por todos los jueces y magistrados el que llevara a cabo la elección. Cuando en 1985 un partido híper representado -202 escaños- decidió dar el salto de entregar al Parlamento la designación de todos los vocales del órgano de Gobierno de los Jueces, el Tribunal Constitucional ya advirtió del riesgo cierto de que se trasladasen puntualmente al seno del órgano las tensiones parlamentarias, al tiempo que recomendó recuperar el sistema de designación corporativa de los vocales judiciales. Desde luego, ninguna sociedad democrática estable puede permitirse lanzar un anatema contra el régimen de Partidos. Pero tampoco es una conducta social responsable, cerrar los ojos ante la evidencia constatada de que, pasados los años iniciales de euforia democrática, nació en las formaciones políticas la tentación de actuar como si determinadas leyes o resoluciones judiciales fueran recomendaciones bienintencionadas, y no normas de conducta. La conformación del Consejo General del Poder Judicial es un ejemplo paradigmático de lucha partidista, extrapolada a las instituciones no parlamentarias.

Hoy, un Partido de gobierno ha iniciado los trámites para reducir el porcentaje de votos necesario de cara a la renovación del Consejo, desde los 3/5 de las cámaras, a la mayoría absoluta. Llama la atención en un país que ha hecho de la parálisis forzada del sistema una seña de identidad, que se utilice tan cínicamente el bloqueo de una sola institución como argumento para justificar semejante rebaja de la exigencia moral subyacente en la mayoría reforzada, depreciando el valor de la institución hasta límites que al mismo Presidente le parecían inaceptables cuando aún era sólo “Pedro Sánchez” –por entonces Carmen Calvo aún no había revelado sus ocurrentes conclusiones sobre la dualidad de personalidades del líder socialista-.

Ahora bien, el resto de los Partidos del arco parlamentario no presentan tampoco un perfil inmaculado de respeto a la apariencia de imparcialidad del Consejo. Después de décadas aprovechando el modelo, el Partido Popular hoy bloquea la renovación, a pesar de que durante los quince años en que ha ostentado el poder –ocho con mayoría absoluta- estuvo en su mano modificar el sistema de designación, tal y como viene comprometiendo en su programa electoral desde los años ochenta. Por no mencionar que el estancamiento actual estalló al salir a la luz cierto mensaje de Whatsap.

El caso es que los jueces seguimos en el centro de la lucha partidista. Una intersección institucional que el Tribunal Constitucional consideraba ya previsible e indeseable en 1986. Durante décadas, la mayoría de la judicatura ha exigido la recuperación de una potestad que, además de despolitizar el órgano, permitiría su renovación en plazo, del mismo modo que las Salas de Gobierno autonómicas se renuevan puntualmente bajo la responsabilidad de los propios integrantes de la carrera, y por medio de un proceso electoral reglado. Instituciones internacionales como el Grupo Europeo de Países Contra la Corrupción (organización cuya labor reivindicaba el PSOE en su programa electoral) exigen de España que se restituya el sistema de designación corporativa de los vocales judiciales al estilo de otras potencias democráticas europeas, mientras que la Unión Europea pone en observación la reforma proyectada por el Gobierno Sánchez.

Y sin embargo, hoy, en una manifestación inversa de la Ventana de Overton, los jueces nos vemos empleando nuestra limitada fuerza, no ya para despolitizar el Consejo, si no por conservar el grado de politización que habíamos venido juzgando como una injerencia inaceptable durante décadas.

La democracia es un tesoro de valor incalculable, pero frágil e inestable. Contrariamente a la impresión generalizada, este modelo de convivencia basado en el respeto entre diferentes, y la fijación de límites estrictos a la concentración de poder, es una relativa novedad en comparación con milenios de gobiernos autocráticos de diverso grado. Un respeto inmaculado y sincero a esta estructura verdaderamente compleja es imprescindible para su perpetuación. El adanismo de los que consideran que la historia es solo un relato sin mensaje, y el futuro en paz, una consecuencia inderogable del desenvolvimiento normal del presente, causa un daño irreparable a los cimientos del sistema democrático.

Manuel Eiriz García es juez decano de El Vendrell y miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura