El ex concejal de CiU en Barcelona Antoni Vives acepta 2 años de cárcel por falsificar un contrato de una empresa municipal

El ex cargo convergente conmutará la pena por un curso de formación ética en la gestión pública

El ex teniente de alcalde de Barcelona Antoni Vives, abandona su casa en un coche policial tras haber sido detenido por la Guardia Civil para registrar su despacho.
El ex teniente de alcalde de Barcelona Antoni Vives, abandona su casa en un coche policial tras haber sido detenido por la Guardia Civil para registrar su despacho.

El ex concejal de Urbanismo de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona durante el mandato de Xavier Trias, Antoni Vives, ha aceptado ser condenado por falsificar un contrato en la empresa municipal Barcelona Regional Agencia de Desarrollo Urbano en 2012, por lo que ha acordado con la Fiscalía una pena de dos años de cárcel que conmutará por un curso de formación en ética en la gestión pública, al no contar con antecedentes penales. Esta actividad durará 6 meses.

Vives ha ratificado en la Audiencia de Barcelona su conformidad con el acuerdo alcanzado entre las defensas y las acusaciones de la causa. La condena al ex concejal también incluye una multa de 5.400 euros, y el cambio de la pena de prisión por el curso de formación está condicionado a que no vuelva a delinquir en dos años.

Vives, también investigado en el caso 3%, ha llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. El Ministerio Público solicitaba inicialmente 5 años de prisión para el que fue presidente del consejo de administración de Barcelona Regional durante el mandato de Trias, así como para los otros dos acusados, por un delito de falsedad documental, en concurso con prevaricación y malversación de caudales.

Los hechos se remontan a 2011, cuando otro de los acusados, funcionario de carrera, solicitó a su partido -militaba en Unió cuando aún seguía vigente la coalición CiU con Convergència- que la administración lo contratara para “completar su remuneración anual” tras ser elegido alcalde de Cervelló, ya que en su anterior empleo como arquitecto en el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat su salario era superior a los 47.275 euros que percibía al frente del Consistorio.

A raíz de esta petición, Vives, que había sido nombrado concejal de Urbanismo y presidente del consejo de administración de Barcelona Regional durante el mandato de Trias, se puso de acuerdo con Müller para contratar “ficticiamente” a Arévalo en la empresa pública Barcelona Regional entre los años 2012 y 2015.

Según consta en el escrito de Fiscalía, que han corroborado todos los acusados, “de común acuerdo con su amigo” Müller, Vives decidió contratar a Arévalo, con “consciente y grosera infracción del deber de actuar conforme al ordenamiento jurídico y con evidente perjuicio económico para los intereses públicos”.

El alcalde fue contratado desde el 9 de enero de 2012 hasta fin de obra para realizar funciones de “asistencia técnica al proyecto modelo urbano y metropolitano de dispersión de contaminantes”, con una jornada laboral a tiempo completo de 40 horas semanales y un salario de 34.000 euros brutos anuales.

Sin embargo, Arévalo “ni participó en el proyecto indicado en su contrato laboral -que fue desarrollado por otros técnicos de la compañía- ni en ningún otro ejecutado por la entidad”, en cuya sede no tenía despacho propio ni tampoco consta que acudiera siquiera a la oficina.

“Los tres acusados se concertaron para simular el contrato y darle apariencia de legalidad al objeto de obtener un ilícito enriquecimiento a cargo de los caudales públicos y en favor de Jesús Arévalo”, sostiene el ministerio público, que impulsó la querella que dio pie a la investigación.

Arévalo figuró como trabajador de Barcelona Regional hasta el 31 de mayo de 2015, una vez Ada Colau fue elegida alcaldesa de la capital catalana, período en el que llegó a embolsarse sin haber llevado a cabo ninguna labor 155.067 euros, cantidad que la Audiencia ha ordenado a los condenados devolver a la empresa municipal en concepto de indemnización conjunta y solidaria.

Inicialmente, la Fiscalía se querelló también contra Antoni Miquel, “Leslie”, cantante de Los Sírex y militante de CDC, por haber estado contratado por Barcelona Regional sin haber desempeñado trabajos para la entidad municipal.