Cataluña
JxCat apuesta por cargar a la Generalitat el pago de 5,4 millones de euros al Tribunal de Cuentas
El independentismo sigue sin saber cómo afrontar la fianza que reclama el órgano fiscalizador
El pago de la fianza de 5,4 millones de euros que reclama el Tribunal de Cuentas a 34 exaltos cargos de la Generalitat se ha convertido en un problema urgente y sensible para el independentismo. Hasta ahora, los afrontaba gracias a la Caja de Solidaridad -una hucha rellena de fondos aportados por los simpatizantes separatistas-, pero se antoja complicado en estos momentos porque hay pocos recursos económicos y la perspectiva no es muy propicia por la desmovilización que está atravesando el independentismo. Por ello, han empezado a aparecer planteamientos y propuestas y, entre ellos, está JxCat, que forma parte del Govern, que ha apostado por que la Generalitat se encargue de hacer el pago.
El órgano fiscalizador reclama 5,4 millones de euros por los gastos de la Generalitat en la promoción del “procés” entre 2011 y 2017. El independentismo, más allá de ese planteamiento de JxCat, sigue sin concretar cómo hacer frente al pago. Uno de los afectados que mayor ruido ha causado es el exconseller y prestigioso economista (candidato a premio Nobel) Andreu Mas-Colell, quien ha recibido el apoyo de 33 premios Nobel y ha pedido que la cuestión del Tribunal de Cuentas quede fuera de la Mesa de Diálogo entre Gobierno y Generalitat.
Los afectados tienen 15 días hábiles (desde el 30 de junio) para depositar la fianza. Si no son capaces de reunir los 5,4 millones de euros reclamados, se procederá al embargo de los bienes. El Tribunal de Cuentas ha reclamado las cantidades a título individual y por conceptos concretos que aprobaron cada uno de los responsables cuando estaban en sus respectivos cargos, si bien todos ellos deberán responder al total de forma solidaria hasta alcanzar los 5,4 millones.
En el Govern están estudiando todavía cómo proceder ante esta situación ya que es una situación comprometida también a nivel jurídico. La Generalitat, por ejemplo, dentro del litigio actúa como acusación junto a la Abogacía del Estado, Fiscalía o Sociedad Civil Catalana ya que se entiende que es parte perjudicada, aunque el ejecutivo catalán, como es natural, está en contra.
Entre los imputados por el Tribunal de Cuentas aparecen el exresponsable del consorcio Diplocat Albert Royo, a quien se le responsabiliza de haber gastado 3,6 millones de euros; al exconseller Mas–Colell y a Artur Mas, 2,9 millones; al extitular de Exteriores Raül Romeva, 2,2 millones; y a Puigdemont y Junqueras, 2,08 millones. Asimismo, también están las exinterventoras de la Generalitat Mireia y Rosa Vidal (funcionarias de la administración catalana) -3,3 y 1,9 millones respectivamente-.
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