Malversación

La Fiscalía investiga el Instituto Catalán de Finanzas por el aval a ex altos cargos de la Generalitat

Están perseguidos por el Tribunal de Cuentas por los gastos en la acción exterior de la Generalitat entre 2011 y 2017

GRAFCAT6584 BARCELONA 27/7/2021.- El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés (i), acompañado por la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrá (d), se dirige hacia la reunión semanal del Govern celebrada esta mañana en el Palau de la Generalitat. EFE/ Andreu Dalmau.
GRAFCAT6584 BARCELONA 27/7/2021.- El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés (i), acompañado por la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrá (d), se dirige hacia la reunión semanal del Govern celebrada esta mañana en el Palau de la Generalitat. EFE/ Andreu Dalmau.Andreu DalmauAgencia EFE

La Fiscalía ha abierto una investigación sobre la decisión de la junta de gobierno del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) -el ‘ICO catalán’- de avalar los 5,4 millones de euros de fianzas interpuestos por el Tribunal de Cuentas a una treintena de exaltos cargos del Govern -entre ellos, Carles Puigdemont, Artur Mas o Oriol Junqueras- por la acción exterior de la Generalitat entre 2011 y en 2017.

Así lo ha anunciado la Fiscalía Superior de Cataluña, que ha asumido en parte la denuncia formulada por el presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos, Carlos Carrizosa. Según la denuncia, este aval es fraudulento porque corre a cargo de fondos públicos en una causa en la que se investiga una presunta malversación de dinero público. Ciudadanos, además, denunció también a los miembros del consejo de gobierno de la Generalitat, no sólo la junta de gobierno del ICF.

Sin embargo, la Fiscalía ha archivado la denuncia relativa al presidente Pere Aragonès, el conseller de Economía Jaume Giró (JxCat) y la consellera de Presidència, Laura Vilagrà (ERC) porque ya hay un procedimiento penal registrado contra ellos al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Al tener acta de diputado y ser aforados, su causa se deriva directamente al TSJC, aunque se encuentra en una fase inicial y aún no hay una investigación abierta.

Cabe recordar que, después de la fallida búsqueda de un banco que actuara de avalista, la Generalitat decidió que fuera el Institut Català de Finances (ICF) el que abonará los 5,4 millones de euros que reclama el Tribunal de Cuentas a 34 exaltos cargos de la Generalitat por los gastos en la promoción en el exterior del “procés” entre 2011 y 2017. Un movimiento que supuso la rectificación expresa del titular de Economía, Jaume Giró, quien había asegurado que el ICF -un ente público parecido al ICO y que el Govern quiere convertir en banca pública- no se haría cargo de la operación por temor a comprometer a sus empleados.

El decreto, al Parlament

La investigación de la Fiscalía coincide con la votación del decreto del Govern sobre el fondo público de 10 millones de euros para respaldar el sistema avales y contraavales ante las multas del Tribunal de Cuentas que este jueves tendrá lugar en el Parlament. Y es que, tras la celebración de la Mesa y la Junta de Portavoces, se ha acordado convocar un pleno el jueves en el que se convalidarán cuatro decretos del Govern: tres por la mañana y el del fondo del Tribunal de Cuentas por la tarde.

Esto es así porque los grupos parlamentarios están a la espera de conocer el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE), que debe pronunciarse como tarde este jueves, sobre el decreto de la Generalitat del fondo para las fianzas del Tribunal de Cuentas y el aval del Institut Català de Finances (ICF).