La CUP mete más presión al Govern y consultará a sus bases los presupuestos catalanes

La CUP va a poner las cosas muy difíciles al Govern para aprobar los presupuestos de la Generalitat de 2022. De hecho, a los avisos que ha ido lanzando en las últimas horas sobre su descontento por cómo estaban transitando las negociaciones hasta ahora, se ha sumado ahora una consulta a las bases sobre cómo afrontar las cuentas, un movimiento que añade más complicaciones porque genera incertidumbre e imprevisibilidad.

De momento, los cuperos, eso sí, no están en la fase de que la militancia vote si aprueba o no los presupuestos. Ahora, el objetivo es debatir con la militancia la postura a adoptar en la negociación con la conselleria de Economía que dirige Jaume Giró (JxCat). En el orden del día estará informar sobre el estado de las conversaciones y decidir qué rumbo se toma en función de la propuesta que la Generalitat les ha trasladado.

Lo cierto es que la CUP critica que en estos momentos no hay ninguna propuesta concreta encima de la mesa por parte del Govern y solo tienen partidas muy poco desglosadas. “No sabemos aún cuáles son las prioridades del Govern y la acción política que hemos visto por su parte se aleja de los resultados del 14-F y del espíritu del acuerdo de la investidura”, señalan los cuperos. “Ya hace días que apuntamos que no vamos bien y que instamos al Govern a cambiar de políticas y prioridades”; añaden.

En este sentido, la última crítica de la CUP ha ido dirigida contra el decreto que aprobó ayer la Generalitat para poner las bases de una energética pública y poner más trabas a los macroproyectos de renovables. Para los cuperos, esa medida es insuficiente y habrá que ver si la acaban tumbando en el Parlament cuando se tenga que votar en 30 días.

En todo caso, las demandas de los anticapitalistas son mucho mayores, porque también quieren más recursos para salud (y, en concreto, para la atención primaria, que debería representar el 25% del presupuesto de ese área) y mejores condiciones laborales para los sanitarios; la gratuidad del 061 (teléfono de emergencias); 1.000 millones de euros para vivienda; y, una reforma fiscal que aumente la presión sobre las rentas altas.