Los vecinos de las petroquímicas de Tarragona serán avisados por el móvil en caso de emergencia

El nuevo sistema de alertas a los teléfonos móviles en caso de emergencia química estará operativo el próximo mes de junio, lo que es una medida muy esperada en Tarragona. Así lo anunció el Ministerio del Interior mediante una nota de prensa en la que se oficializó que el nuevo método «se encuentra ya en fase de desarrollo por la compañía SIA, del grupo Indra», a la vez que recalcó que se prevé que el futuro protocolo esté «plenamente operativo» dentro de siete meses.

La iniciativa –Sistema RAN-PWS (Public Warning System)– «permitirá el envío generalizado e inmediato de alertas a los teléfonos móviles de las personas que se encuentren en zonas afectadas por emergencias o catástrofes inminentes o en curso, facilitando de esta manera una respuesta mucho más rápida ante situaciones de especial gravedad», indicó el Gobierno en un comunicado tras la reunión de la Comisión Permanente del Pleno del Consejo Nacional de Protección Civil.

El subdelegado del Gobierno en Tarragona, Joan Sabaté (PSC), detalló que «con estas medidas se facilitará una respuesta mucho más rápida y efectiva ante situaciones de especial gravedad, utilizando las nuevas tecnologías de localización y envío de mensajes».

Aparte de las sirenas –que no sonaron el 14 de enero de 2020 en la explosión en la planta de Iqoxe del polígono sur–, la aplicación del sistema era una de las grandes demandas a raíz del accidente en el polígono sur que acabó con la vida de tres personas. Mediante el Cell Broadcast, el sistema conectará directamente con las cuatro grandes operadoras móviles (Telefónica, Vodafone, Orange y MásMóvil) para que estas informen a sus usuarios que se encuentren en la zona afectada para que, de forma directa, se pueda acelerar la respuesta operativa durante eventos críticos o catástrofes.

«La UE obliga»La noticia, esperada, fue acogida con optimismo pero también con exigencias por parte de la Generalitat y del Ayuntamiento. «Este sistema es muy esperado, ya que representará un salto cualitativo muy importante para el despliegue del Plaseqta», indica la delegada del Govern, Teresa Pallarès (Junts). Cabe recordar que en 2022 la Generalitat tiene previsto invertir 950.000 euros para la implantación de nuevas sirenas y los esperados sensores químicos. «Debe tenerse en cuenta que la Unión Europea obliga a implantar el sistema, y que hemos pedido reiteradamente poder ser la prueba piloto», recalca la máxima representante del Govern.

Esta propuesta de la administración autonómica es apoyada por el alcalde, Pau Ricomà (ERC), quien considera que «para la ciudad y el territorio es indispensable disponer de este sistema para mejorar la información en caso de emergencia, tal y como exigimos desde el accidente en Iqoxe». En este sentido, el líder republicano recuerda que «junio de 2022 es la fecha límite que tiene el Estado para trasponer la normativa europea».

El año pasado, el Síndic de Greuges en funciones, Rafael Ribó, recomendó a la consellería de Interior implementar “un sistema universal de alerta geolocalizada en teléfonos móviles” por si se dan emergencias como la ocurrida en La Canonja (Tarragona) en la petroquímica Iqoxe a mediados de enero.

Fue tras que la Generalitat levantara la suspensión de la actividad de la planta de óxido de etileno y glicoles que tiene la empresa Iqoxe en La Canonja, paralizada tras la explosión, al estimar que la instalación cumple la normativa de establecimientos de riesgo químico.

Ribó informó de que envió su informe sobre la reacción de las administraciones a lo ocurrido en esa planta petroquímica a la Generalitat, ayuntamientos de la zona y entes locales, sindicatos y la asociación empresarial química, asociaciones vecinales, entidades ambientales y al Parlament, donde se conformó una comisión específica sobre el caso.

Tras la explosión del 14 de enero, la Sindicatura inició una investigación de oficio que ha determinado que este episodio afectó a “los derechos de las personas a ser atendidas en caso de catástrofe y a ser informadas de los riesgos colectivos importantes que les afectan, las medidas previstas y adoptadas para hacerle frente y las conductos que hay que seguir para prevenirlo”.