Aragonès, contra las cuerdas: recibe ataques de todos sus socios en el Parlament

Pere Aragonès lleva ya más de medio año como president y, aunque su Govern resiste bien, de momento, hoy ha tenido una sesión plenaria en el Parlament dura porque ha tenido que lidiar con los ataques directos de los tres socios de legislatura: tanto de JxCat, por la mesa de diálogo, como de CUP y Comunes, por los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030. Ambos proyectos, además, son icónicos en su mandato porque la negociación con el Estado es el eje de su estrategia política y las Olimpiadas buscan reforzar y vertebrar la “Cataluña despoblada”.

Estos ataques de sus socios coinciden también con el inicio de un año que no alberga convocatorias electorales en Cataluña, pero sí estará cargado de movimientos de cara a las trascendentales citas de 2023: municipales y generales.

En este sentido, el portavoz de JxCat, Albert Batet, ha sido duro y ha cargado contra la mesa de diálogo. “En dos años, dos reuniones y dos reuniones sin resultados”, ha espetado Batet, quien ha recordado el “escepticismo” de JxCat hacia este foro de negociación y ha despreciado los logros de Esquerra porque ha dicho que Pedro Sánchez “no ha puesto ni una propuesta” y no tiene voluntad de hablar de amnistía y autodeterminación. “La próxima reunión aplazada sine die”, ha añadido Batet, que ha reclamado que Aragonès construya ya vías alternativas hacia la independencia.

El president, prudente, ha asegurado que este 2022 debe ser el año en que se empiece a “desbloquear” el conflicto, lo que da a entender que tampoco tiene mucha prisa como reclama JxCat. “Nuestra sociedad es madura y quiere decidir el futuro libremente. Por eso apuesto por una solución dialogada y negociada con el Estado”, ha afirmado.

CUP y Comunes han atacado por otro flanco: el de la protección del medio ambiente. En este sentido, han reprochado que el Govern siga dando pasos hacia la proclamación de la candidatura de Barcelona-Pirineos para acoger los Juegos Olímpicos de 2030. En este caso, JxCat sí está a favor, pero cuperos y morados, no. La portavoz de los Comunes, Jéssica Albiach, ha criticado que está preparando una consulta para que voten los vecinos de la zona afectados muy orientada a que salga el “sí” ya que entiende que no se ha dado información de forma exhaustiva (impacto ambiental, infraestructuras o costes) y no se permite votar a todas las comarcas afectadas (por ejemplo, Berguedà o Ripollès).

Aragonès ha tratado de defender su propuesta de Olimpiadas y ha asegurado que “tendrá en cuenta la sostenibilidad”, aunque también es cierto que ha dejado la puerta abierta a que no se acaben celebrando. “Si por lo que fuera no se pudieran celebrar, seguiremos trabajando por el desarrollo”, ha dicho, en referencia a la zona.

El PP, tras el boicot en Vic: “Confunden el consenso con la censura totalitaria”

El turno de preguntas al president de la Generalitat lo ha abierto Alejandro Fernández: el líder del PP ha llevado al Parlament el veto a su partido en Vic por parte de la alcaldesa de Junts, Anna Erra, y el posterior boicot de un grupo de independentistas que increparon, acosaron e insultaron a la comitiva popular por las calles del centro de la localidad este sábado pasado.

En este sentido, el president ha evitado denunciar lo ocurrido, se ha limitado a defender el derecho a “la libertad de expresión” e incluso a desdeñado que el PP lo denuncie en la cámara.

“No solo no condenan lo sucedido en Vic sino que insisten en defender la censura que supone prohibir la instalación de carpas a partidos”. “Confunden el consenso con la censura totalitaria”, ha replicado Fernández ante las evasivas del president.

Cambray amaga con desobedecer el 25% de castellano

Menos protagonismo ha tenido en la sesión de control de este miércoles la sentencia del 25% de castellano que la Generalitat debe aplicar en un máximo de dos meses. Aún así y tras una pregunta de Ciudadanos, el consejero de Educación, Josep González Cambray ha amagado con la desobediencia escudándose en un argumento erróneo: “Estamos ante una sentencia que se basa, para que vea hasta dónde llega la absurdidad, en una ley que ya está derogada”, ha señalado sobre la llamada “ley Wert”, que luego fue sustituida por la “ley Celaá”, la actual norma educativa vigente. Sin embargo, la Generalitat obvia que la justicia ya ha señalado en varios fallos que el castellano es un derecho que emana de la Constitución, un argumento que crea doctrina y que tumba la tesis del Govern.

En la misma línea que Aragonès el viernes pasado, Cambray únicamente ha reiterado al respecto que desplegarán un nuevo marco normativo para “afianzar el modelo de escuela catalana”.