Caso Millet

Retiran el tercer grado a Jordi Montull

Uno de los máximos implicados en el Caso Palau tendrá que dormir cada noche en la cárcel

El expresidente del Palau de la Música Félix Millet junto al exdirector administrativo del Palau Jordi Montull, al comienzo del juicio por el expolio del Palau de la Música, en la Ciudad de la Justicia
El expresidente del Palau de la Música Félix Millet junto al exdirector administrativo del Palau Jordi Montull, al comienzo del juicio por el expolio del Palau de la Música, en la Ciudad de la JusticiaPOOLAgencia EFE

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 2 de Catalunya ha retirado el tercer grado penitenciario al exdirector administrativo del Palau de la Música Jordi Montull al aceptar un recurso de la Fiscalía.

En un auto, la jueza ha estimado el recurso de la Fiscalía que pedía revocar la semilibertad que la Generalitat le concedió en septiembre porque la consideraba prematura.

Montull está condenado a siete años y medio de prisión el caso Palau e ingresó en la cárcel de Brians 2 (Barcelona) en junio de 2020, una vez su condena fue firme al confirmarla el Tribunal Supremo (TS).

El Gobierno rechazó recientemente conceder el indulto al expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet y a Montull, ambos condenados por el caso del desfalco en la institución musical, según informó el Ministerio de Justicia.

Millet pidió ser indultado por el caso del desfalco del Palau de la Música después de que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia que le condenaba a 9 años y 8 meses de prisión.

El expresidente de la institución solicitó también suspender de forma provisional la entrada en prisión hasta resolverse la petición de indulto. No obstante, al confirmarse la condena, la Audiencia de Barcelona ordenó que Millet y el resto de condenados por el caso Palau entraran en prisión.

Junto con quien era su mano derecha en el Palau, Jordi Montull, Millet está condenado por delitos de malversación, apropiación indebida, tráfico de influencias, falsificación en documento mercantil y blanqueo de capitales. En la causa hay en total doce personas condenadas, con penas a partir de ocho meses de prisión, con la más alta para Millet.

La Audiencia de Barcelona sospecha que Montull ocultó que cobraba 1.500 euros al mes alquilando una de las fincas que se le intentaron embargar al ser condenado por el caso Palau, y envió el caso a los juzgados de instrucción de Barcelona para que decidan si abrir una causa por estos hechos.

En el auto, el tribunal rechaza el recurso de Montull y su esposa, Mercedes Mir, contra la decisión de valorar posibles responsabilidades penales por presuntamente ocultar que cobraban este alquiler de 1.500 euros por una finca que tienen en El Masnou (Barcelona) y que debía ser embargada.

La ejecución de la sentencia del caso Palau fijó embargar 22,3 millones de euros a Montull y otros 281.701 euros a Mir por el desfalco a la institución musical, y él también fue condenado a siete años y medio de prisión.

Tras la condena, Montull declaró que solo tenía su pensión de jubilación como ingresos para pagar la responsabilidad civil que le impuso la sentencia, y su defensa afirma que “no se incluyó este alquiler porque los arrendamientos de inmuebles embargados han servido para abonar Ibis, impuestos y tasas municipales, gastos de comunidad y mantenimiento”, y niega que quisiera ocultarlo.

Ahora, la Audiencia de Barcelona ha constatado que desde que en mayo de 2020 se declaró firme la sentencia del caso Palau no se han podido embargar estas cantidades, “y no se ha podido embargar por la única y exclusiva razón de que se ha ocultado por el señor Montull y la señora Mir la existencia de esta fuente de ingresos”.

Los jueces detallan que Montull y Mir han cobrado 1.500 de este alquiler desde diciembre de 2019 “y han seguido percibiendo las rentas a pesar de conocer que la sentencia es firme desde el 12 de mayo de 2020, ocultando la existencia del propio arrendamiento”.

Por eso, los magistrados ven indicios de un presunto delito de frustración de la ejecución de la sentencia --ocultar patrimonio para evitar un embargo por responsabilidades civiles de una condena--, y acuerdan enviar el caso a los juzgados de instrucción de Barcelona para que decidan si abrir una causa por estos hechos.