Municipal

Colau pone precio a los chiringuitos de Barcelona: hasta 700.000 euros

El Gremio de Restauración y la oposición critican el sistema de “subasta” encubierta del Ayuntamiento

Barcelona espera conocer si avanza a la fase 2
Aspecto de uno de los chiringuitos de la playa de la BarcelonetaEnric FontcubertaAgencia EFE

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se está volviendo una experta en exprimir cada palmo de suelo público en Barcelona. Lo ha hecho con las terrazas, lo hará con los repartidores de Amazon y lo acaba de hacer con los chiringuitos de la playa. La adjudicación es cuanto menos curiosa, ya que se basa en un sistema de concurso público que acaba convirtiéndose en una subasta. Así, en función de la playa donde se encuentra el chiringuito, el precio de salida puede variar y va desde los 49.000 euros de la Nova Mar Bella hasta los 327.000 euros de la de Sant Miquel, cantidades que los operadores pueden subir mucho más para conseguirlas, en lugar de precios cerrados como ocurre en Castelldefels o Sitges.

El consistorio ha recibido 83 ofertas esta temporada para conseguir alguno de los 19 chiringuitos que se han ofrecido. Del total, sólo siete se han acogido a la prórroga y seguirán un año más. El único chiringuito que no ha recibido ninguna oferta es el de la playa del Levante, que ya no está en la arena. El precio de salida del servicio de hamacas oscila entre los 65.000 y 71.000 euros, mientras que el chiringuito de helados sale por 4.900 euros.

Pese a las quejas del sector, lo cierto es que en la práctica supone que solo los operadores con gran fuelle económico puedan imponerse, y en ocasiones algún tramo quede desierto. La oferta ganadora suele ser tan cuantiosa que aboca a instaurar consumiciones a precios altos, sin que se correspondan siempre con la calidad deseada. De hecho, en 2019 esta cifra alcanzó los 700.000 euros por el chiringuito de la playa de Sant Sebastià.

Desde el Ayuntamiento defienden que “la subasta ha funcionado” y que el modelo busca “garantizar un buen servicio y ayudar a conservar las playas”. El consistorio argumenta que los gestores conocen el impacto que la situación actual tiene en los negocios y pueden presentar la oferta pertinente. Para su valoración, se tienen en cuenta criterios sociales y de servicio (65 %) y también económicos (35 %).

No obstante, tanto el Gremio de Restauración, como la oposición y la Asociación de Chiringuitos de Barcelona se han posicionado abiertamente en contra del sistema.