Alud de críticas contra el independentismo y el PSC por marginar el castellano en la escuela

Bronca sesión en el Parlament por nueva ley alumbrada entre PSC, ERC, Junts y Comunes -la facción que cobija a Podemos en Cataluña- para dar respuesta a la sentencia del 25% de castellano en las escuelas. Apenas unas horas después de su suscribir el pacto, pendiente de aprobación este mismo viernes en la cámara, el resto de partidos han cargado con dureza contra un texto que blinda el catalán como “lengua vehicular” y “propia” y sitúa el español como idioma de “uso curricular”, además de omitir cualquier porcentaje.

Y en el centro de las críticas también están los socialistas por haber acordado que el castellano no sea “lengua de aprendizaje” como sí pedían en la reforma lingüística fallida que Junts acabó enterrando. “Está a unos escasos minutos de dar un paso que no tiene retorno: sumarse a las astucias y a las jugadas maestras independentistas para sortear la ley”, ha advertido el líder del PP, Alejandro Fernández, al primer secretario del PSC, Salvador Illa, en el pleno del Parlament.

Los populares, que han presentado enmienda a la totalidad, se han mostrado muy rotundos con un texto que ignora fijar porcentaje de usos lingüísticos como sí exige la justicia.

En concreto, la nueva ley señala: “El catalán, como lengua propia de Cataluña, es la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo y la de uso normal en la acogida del alumnado recién llegado. El castellano es empleado en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro, de acuerdo con los criterios que se establecen en los siguientes puntos”.

Y dichos puntos son: “La enseñanza y el uso curricular y educativo del catalán y del castellano deben estar garantizados y tener una presencia adecuada en los currículos”; y “el alcance de esta presencia debe determinarse exclusivamente con criterios pedagógicos y de manera singularizada por cada uno de los centros educativos”.

Es decir, el catalán es vehicular, el castellano de uso curricular y la presencia de ambas lenguas oficiales estará supeditada a “la situación sociolingüística de los centros, de su entorno o de los objetivos de normalización lingüística”, por lo que esquiva la sentencia del 25% ordenado por el TSJC.

Desde Ciudadanos también han cargado contra el independentismo y los socialistas por la ley atada y han presentado otra enmienda a la totalidad, igual que la formación de Ignacio Garriga. Carlos Carrizosa ha denunciado el “fraude” de independentistas y PSC, como “cooperador necesario” que “vuelve a traicionar a sus votantes”, y ha avanzado que emprenderá “acciones penales contra quienes desobedezcan las sentencias”.

Eso sí, aquí la lectura política es doble y los socialistas defienden que el texto acordado asegura la “vehicularidad” del castellano. Así lo ha reiterado este miércoles la diputada socialista Esther Niubó, quien ha reivindicado que el acuerdo “rompe la política de bloques”.

Un planteamiento secundado por el propio ministro de Cultura, Miquel Iceta, quien ha cerrado filas con su partido a través de las redes sociales: “Bienvenido sea el acuerdo sobre el aprendizaje de las lenguas en la escuela, que se resume en esta frase: ‘La enseñanza y el uso curricular del catalán y del castellano tienen que estar garantizados y tener una presencia adecuada en los currículos y en los proyectos educativos para que todo el alumnado alcance el dominio oral y escrito de las dos lenguas oficiales”, ha publicado.

Todo antes de que los 105 votos de PSC, ERC, JxCat y los Comunes -frente a los 28 votos en contra de Vox, CUP, Cs y PPC- han permitido aprobar la tramitación de la propuesta en lectura única, lo que hará posible la aprobación de la nueva ley este próximo viernes.

Las entidades probilingüismo, con Escuela de Todos a la cabeza, ya han advertido que el acuerdo parlamentario para una proposición de ley en defensa del catalán “no impedirá la ejecución” de la sentencia del 25%. La plataforma considera que la norma “reitera el contenido” de la Ley de Educación catalana de 2009 porque define al catalán como lengua vehicular pero no hace lo mismo con el castellano. Y emplaza a Cambray a dar instrucciones claras a los colegios antes del 31 de mayo.