Análisis

El decreto que esquiva el 25% de castellano rompe el consenso del Govern con el PSC

Los socialistas catalanes se descuelgan, mientras se mantienen ERC, JxCat y Comunes

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, junto a su vicepresidente, Jordi Puigneró (i), y la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà (d).
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, junto a su vicepresidente, Jordi Puigneró (i), y la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà (d).Quique GarcíaAgencia EFE

¿En qué consiste el decreto del Govern?

El decreto aprobado por el Govern pide a todos los centros educativos públicos y privados sostenidos con fondos públicos que elaboren en los próximos 30 días (a partir de mañana) un proyecto lingüístico que garantice el dominio oral y escrito del catalán y del castellano y tenga en cuenta la realidad sociolingüística del entorno social, pero pide explícitamente la «inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y uso de las lenguas». Es decir, hace una apelación explícita a desobedecer el 25%. Los proyectos lingüísticos tienen que recibir el plácet de la conselleria de Educación.

¿Qué opina el PSC?

El PSC llegó a un acuerdo con ERC, JxCat y Comunes para hacer una aplicación flexible de esta sentencia, con la intención de que los porcentajes de castellano o catalán dependan de la realidad sociolingüística. Es decir, con un ejemplo gráfico, los socialistas defendían que en zonas del interior de Cataluña (de mayoría catalanoparlante) se imponga más castellano que en zonas del entorno de Barcelona de mayoría castellanohablante. Sin embargo, el decreto aprobado por el Govern lo rechazan porque «no da cumplimiento a la sentencia ni recoge el espíritu del acuerdo al que se llegó en el Parlament» porque, entre otras cosas, no recoge el «uso curricular» del castellano. Además, según explican, se desafia al TSJC al decir que no se aplicará ningun porcentaje. «No aporta ninguna solución», señalan en las filas socialistas.

¿Qué opina el resto de partidos?

Tanto JxCat como Esquerra están de acuerdo con el decreto, ya que forman parte del Govern. Los Comunes también hacen una valoración «positiva» del acuerdo y lo consideran «necesario». En cambio, la CUP está en contra del decreto porque considera que «consagrará la segregación escolar por motivo de lengua» en la educación pública al dar libertad a las escuelas para fijar cuotas de castellano y catalán en lugar de mantener el sistema de inmersión lingüística. PP, Vox y Ciudadanos siempre han estado en contra y apuestan por el cumplimiento literal de la sentencia.

¿Qué valoración hace la Asamblea por una Escuela Bilingüe?

La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) es la organización de referencia en la defensa del castellano en las escuelas catalanas y es la entidad que ha forzado el cumplimiento de la sentencia del 25% de castellano. En este sentido, desde la entidad han advertido de que si, el día 1 de junio, las instrucciones enviadas a los centros no cumplen con lo exigido por la sentencia, presentarán escrito ante el TSJC denunciando la desobediencia y pidiendo medidas de ejecución inmediata.

¿Qué consecuencias jurídicas puede tener esta desobediencia?

Está por ver qué medidas toma a partir de ahora el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). En primer lugar, el Govern tiene que enviar un escrito antes de mañana al TSJC para dar cuenta de las medidas tomadas en pro del cumplimiento y el tribunal podría tomar ya cartas en el asunto e imponer algún tipo de sanción o dar otra oportunidad y dar más margen para el cumplimiento.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí?

Todo este proceso arrancó en 2015 con un recurso del Gobierno de Mariano Rajoy a favor del castellano en las escuelas catalanas. No obstante, el pronunciamiento final no llegó hasta diciembre de 2020, con la sentencia del TSJC. Casi un año más tarde, el Tribunal Supremo (noviembre de 2021) tumbó los recursos de la Generalitat y se activarán los procedimiento para cumplir con el 25% de castellano.