Un cara a cara y dos reuniones “como mínimo” de la mesa: la letra pequeña del pacto Gobierno-Generalitat

Gobierno y Generalitat escenificaron ayer un nuevo paso en el deshielo y ataron un cara a cara inminente entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès el viernes que viene (15 de julio) en la Moncloa. El objetivo es dar carpetazo a la crisis desatada por Pegasus y coger aire de cara a la recta final de legislatura en el Congreso.

Este fue el titular más inmediato de una cita que se saldó con otro gran acuerdo: un documento suscrito por ambos ejecutivos en el que hablan de “superar la judicialización”, reafirman la apuesta por la vía del diálogo y “las soluciones políticas” y se comprometen a convocar “como mínimo” dos reuniones de la mesa de negociación antes de final de año. La intención es que la fecha de la primera salga de la cumbre entre Sánchez y Aragonès la semana que viene e incluso podría producirse antes de las vacaciones. “Queremos resultados este julio, debemos trabajar intensamente”, presionan en el Palau de la Generalitat.

Aún sobre el foro, el pacto establece el mencionado “mínimo” de un par de convocatorias antes de terminar 2022, constata que se celebrarán indistintamente en Madrid y Barcelona y avisa que “las partes irán valorando y pactando el número de reuniones que se considera necesario celebrar” más adelante.

Asimismo, el «acuerdo marco», de dos páginas y sin apenas concreciones, establece que los objetivos de la negociación entre ambos gobiernos son la “superación de la judicialización, garantizando la seguridad jurídica” y la búsqueda de pactos para resolver el conflicto catalán, sin ahondar en nada. Aquí el Govern de Aragonès ya ha exigido una “agenda antirrepresiva” con cambios como por ejemplo una modificación del Código Penal en relación a los delitos de sedición y rebelión, aunque el documento no menciona ni detalla nada.

De hecho, se trata más de una carta de principios, una especie de reglas a gran escala para reanudar la negociación en esta nueva etapa que se avecina. El propio Bolaños lo definió como un “acuerdo marco”, que ofrece “garantías y condiciones para reforzar el diálogo”. En cambio, del lado de la Generalitat, la consejera Vilagrà aprovechó para añadir presión, redoblar el mensaje independentista y asegurar que este tipo de documentos “son habituales en la negociación de conflictos políticos” en el plano internacional. También hubo diferencias en el balance de la cita: mientras el ministro dio por superada la crisis, la republicana habló de ir “poco a poco” y exigió “resultados” sin más detalles.

El documento no menciona explícitamente el caso de espionaje con Pegasus aunque la Generalitat consigue que el Gobierno se comprometa a garantizar “en todo momento los derechos fundamentales, la privacidad y la libertad política e ideológica de todas las personas que se identifican con las posiciones políticas y democráticas presentes en Cataluña”. Y rechaza “los actos, decisiones o mecanismos ilegítimos que vulneren dichos derechos por la mera adscripción a una ideología o visión territorial”.

A diferencia de la reunión que mantuvieron en abril, Vilagrà recibió a Bolaños a su llegada a las puertas del Palau de la Generalitat, se dieron la mano y luego se encerraron en el despacho de la consejera, donde el encuentro se alargó una hora y media.