El 84 % de las escuelas catalanas quiere ignorar el 25 % de castellano en las aulas

El 84% de los centros educativos catalanes ha validado su proyecto lingüístico con el nuevo decreto del Govern de la Generalitat que determina la “inaplicación” de porcentajes de catalán y castellano en la enseñanza, informó la conselleria de Educación este lunes.

Según avanzó, ésa es la cifra de centros que respondieron positivamente a las siete preguntas de un cuestionario enviado el pasado 31 de mayo, que inquiere, por ejemplo, si el proyecto lingüístico “evita el uso de porcentajes” en la enseñanza y uso de las lenguas, y si prevé que el catalán es la lengua normalmente usada como lengua vehicular y de aprendizaje, y la lengua de uso normal en la acogida de alumnado recién llegado.

El 16% restante --que ha respondido que no a una o más preguntas-- dispondrá del próximo curso para modificar el proyecto lingüístico, que requiere aprobación del consejo escolar de centro o de la titularidad del centro, en el caso de los concertados.

La Generalitat fijó por decreto incumplir con el 25% de castellano en la escuela justo cuando venció el plazo interpuesto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para tumbar la inmersión y aplicar el bilingüismo. El Govern esperó hasta el último minuto para oficializar su respuesta a la sentencia del 25% de español, y lo hicieron con un decreto que rechaza explícitamente los porcentajes lingüísticos en las aulas como ordena la justicia.

La norma, que ya ha entrado en vigor pese a no estar ni convalidada en el Parlament, constata explícitamente la «inaplicación» de «porcentajes, parámetros numéricos o proporciones» en el uso de lenguas en la escuela y sirve para la Generalitat dé respuesta a la sentencia del TSJC que obliga a impartir un 25% de clases en castellano. Un punto que colisiona con la orden de la justicia, que pide «adoptar las medidas necesarias para garantizar que todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante el uso vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen y que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso».

Como segundo aspecto capital, el decreto atribuye a la Conselleria de Educación la potestad de validar y asumir «la responsabilidad sobre la legalidad» de los proyectos lingüísticos de los centros educativos con el objetivo de tratar de proteger a las escuelas y a los docentes y eximirles de cualquier consecuencia.

Es decir, implica directamente al departamento que dirige el republicano Josep González-Cambray, quien hoy enviará una serie de «instrucciones» a los 5.000 colegios catalanes, justo cuando vence el plazo otorgado por la justicia, y asumirá así toda la responsabilidad legal. De momento se desconoce el contenido de las órdenes que dictará el consejero, aunque desde el Ejecutivo aseguran que serán «muy claras» y no albergarán «margen de duda» en línea con la normativa aprobada en el seno del gabinete.

Y para ello hay que volver de nuevo al decreto: según recoge el texto, los centros deberán presentar sus proyectos lingüísticos ante la Consejería de Educación, que tendrá 30 días para validarlos. Es decir, deberán recibir el visto bueno del propio Ejecutivo mediante la Consejería de Educación, que «validará y garantizará que los proyectos lingüísticos se ajustan a la legalidad». Un pez que se muerde la cola al ser una norma ideada y aprobada «de facto» para esquivar la sentencia del 25% junto a la ley que el independentismo tiene pendiente en el Parlament.