Nuevo revés para las víctimas: archivan la causa del pistolero de Tarragona

La titular del juzgado de instrucción número 5 de Tarragona ha ordenado archivar la causa del llamado ‘pistolero de Tarragona’ al haber quedado sin efecto por su muerte, consecuencia de haber recibido la eutanasia este pasado martes.

Las partes tienen ahora tres días para recurrir el auto de la juez, en que ordena archivar la causa por haber quedado extinguida la responsabilidad penal de Marin Eugen Sabau.

El ex vigilante de seguridad disparó contra tres de sus compañeros en las oficinas de la empresa en el centro de Tarragona el pasado 14 de diciembre y, posteriormente, huyó en coche e hirió de bala a un agente de los Mossos d’Esquadra en un control policial.

Sabau fue neutralizado por el Grupo especial de intervención (GEI) de los Mossos d’Esquadra en una masía de Riudoms (Tarragona) tras un tiroteo en el que resultó herido grave.

Este pasado martes recibió la eutanasia tras haberlo pedido y su muerte extingue así la responsabilidad penal de cuatro intentos de homicidio, atentado a la autoridad y tenencia ilícita de armas.

No obstante, tal como señala la juez, “la vía civil persiste” para las víctimas, aunque Sabau ya se declaró insolvente y solo les quedaría la vía de demandar a la empresa de seguridad.

El agente de los Mossos herido recurrirá a la vía administrativa, según anunció a Efe el abogado José Antonio Bitos, que representa al mosso herido de bala en nombre del sindicato USPAC.

El letrado invoca una sentencia del Supremo del 2020 conforme cualquier policía herido acto de servicio y que no pueda ser indemnizado por defunción del acusado, deberá serlo por la administración, en este caso, la Generalitat de Cataluña.

Eugen Sabau, conocido como el pistolero de Tarragona, recibió el martes la eutanasia en el Hospital Penitenciario de Terrassa. El hombre solicitó la muerte asistida a raíz de las lesiones sufridas durante el tiroteo en el que hirió a tres excompañeros de trabajo y a un agente de los Mossos. En la refriega, tras atrincherarse en una casa abandonada, los disparos le provocaron una lesión medular irreversible. La ejecución de la eutanasia deja el caso cerrado, salvo por las víctimas, que al no existir juicio ni sentencia, se queden sin indemnizaciones y sin la posibilidad de que se haga justicia.

La defensa había pedido su traslado en un hospital ordinario donde pudiera despedirse en libertad de sus familiares, pero la titular del juzgado de instrucción número 5 de Tarragona denegó la petición. La jueza consideraba que podía haber riesgo de fuga, que el traslado “no alteraría en exceso” su actual situación, que los familiares también pueden visitarle en el Hospital Penitenciario y que no se ha arrepentido de su ataque.

La jueza reconoce que “dada la situación médica en la que se encuentra el investigado” sí se han “mitigado” otros condicionantes como “el riesgo de reiteración delictiva, de atentado contra la integridad de las víctimas o de alterar fuentes de la prueba”, pero aún así ha denegado su traslado.

En el auto, la juez instructora afirmaba que el autor del tiroteo tenía una “ausencia de respeto por la vida humana” y que existía el riesgo de que quisiera atentar nuevamente contra las víctimas, “que eran su objetivo premeditado” ya quien consideraba “el origen de todos sus males”.

Una vez consciente, y cuando ya estaba ingresado en el Hospital Penitenciario de Terrassa, Eugen Sabau pidió el derecho a morir dignamente, pero una de las víctimas se opuso a la petición. El abogado del mosso herido alegaba que la justicia tenía la obligación de mantener al investigado en vida y las víctimas tenían derecho a obtener justicia. También el sindicato de Mossos USPAC pidió que el autor del tiroteo asumiera “su responsabilidad” y que “las aseguradoras, o quien deba ser” pagaran las indemnizaciones a los heridos. “Las víctimas deben sentir que se las ha protegido y se ha hecho justicia. A posteriori, que hagan lo que quieran”.

El caso, inédito, confronta dos derechos: el derecho a morir dignamente invocado por el acusado y el derecho de las víctimas a una respuesta efectiva de la justicia por sus actos. El juzgado de instrucción número 5 de Tarragona desestimó los primeros recursos de las víctimas y autorizó la eutanasia, que debía practicarse el pasado 28 de julio, pero un nuevo recurso de amparo de los afectados paralizó la ejecución de la medida. Tanto el Tribunal Constitucional, primero, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, después, denegaron los recursos presentados por las víctimas y autorizaron la ejecución de la sentencia, programada para este martes.