La Generalitat ignora el clamor por el 25% de castellano

Casi cuatro horas de comparecencia en el Parlament a cuenta del nuevo curso escolar y apenas un puñado de frases sobre la manifestación del domingo en Barcelona a favor del bilingüismo. El consejero de Educación, el republicano Josep González Cambray, escenificó ayer en la Cámara y ante los distintos partidos el desdén del Govern hacia las reclamaciones de entidades y familias a favor del 25% de castellano en las aulas.

Un día después de que la plataforma Escuela de Todos concentrara a miles de catalanes en los aledaños de Arco de Triunfo, el dirigente pasó de puntillas y apenas se refirió al asunto a pesar de la insistencia de PP, Cs y Vox, las formaciones que también estuvieron en la protesta.

El argumentario de la Generalitat es claro y pasa por ignorar el bilingüismo y escudarse tanto el decreto del Ejecutivo creado específicamente para la ocasión como en la ley de lenguas aprobada con el PSC y los Comunes para esquivar la sentencia del 25%. Bajo este armazón jurídico se refugió ayer Cambray para justificar el desacato del Ejecutivo: «Lo único que hacemos es aplicar el mandato aprobado por este Parlament».

No salió de esta explicación el consejero pese al clamor de profesores, familias, organizaciones juveniles y movimientos a favor del bilingüismo agrupados en torno a las 15 entidades que forman parte de Escuela de Todos. Es más, Cambray insistió en el desafío y se limitó a repetir que éste es el curso «sin porcentajes en las lenguas» pese a las sentencias judiciales del TSJC que acaban con la inmersión monolingüe en catalán. «Injerencias judiciales», según el Govern.

Ahora, y a la espera de que el Constitucional resuelva qué hacer, la Generalitat ha ordenado que en ninguna clase se aplique el 25%de castellano, tampoco en aquellas 27 en las que ya se impartía como medida cautelar o tras una resolución firme a raíz de la petición individualizada de una familia. Sirve de ejemplo el caso de Canet del Mar: el colegio Turó del Drac, de la menor de cinco años acosada a finales del año.

Unas instrucciones firmadas por el propio consejero González Cambray y que ayer omitió a la vez que rehuyó dar explicaciones ante la insistencia la oposición en bloque, incluidos los socialistas y los comunes. Y para tratar de minimizar la convocatoria, la comparó con algunas manifestaciones independentistas justo en el momento de mayor fractura del movimiento en la calle.

Todo tras una manifestación que introduce con fuerza el debate sobre el arrinconamiento del castellano en la agenda política, con apelaciones constantes tanto a la Generalitat como al Gobierno de Pedro Sánchez y al resto de formaciones políticas. Los impulsores de Escuela de Todos consideran que es momento de decir «basta» y avisan que seguirán luchando tanto en la calle como en los tribunales. «Somos un movimiento cívico imparable», repiten desde la plataforma.

Las entidades probilingüismo también apuntan hacia el Gobierno de Pedro Sánchez, al que señalan tras sus pactos con ERC por la lengua. «Negocian en la mesa su futuro propio y dan por sentado que nos vamos a callar. No lo vamos a hacer, no vamos a bajar la cabeza ni a renunciar a nuestros derechos», resumió la portavoz de Escuela de Todos, Ana Losada, en la manifestación sobre el acuerdo amarrado por el Govern en la última reunión y en la que la Moncloa asumió «de facto» la política lingüística de la Generalitat.

Por tanto, la estrategia de las entidades es clara y consiste en seguir presionando a través de la movilización social, ahora con la experiencia del 18-S. «La batalla judicial será larga, veremos cómo termina», advertían hace unos días ante el último desacato del Govern con el 25%.