El Govern advierte: “El PP tiene razón, no nos conformamos con la reforma del Código Penal”

El Govern de Pere Aragonès se ha reunido este martes con el botín de la derogación del delito de sedición registrada en el Congreso y el debate sobre la malversación en el centro de la agenda política. Cerrar filas ante Junts y exigir más contrapartidas al Gobierno de Pedro Sánchez han sido los dos mensajes que madura Esquerra en el seno del independentismo.

“Objetivamente es una mejora, un paso adelante y es fruto de la negociación. ¿Alguien piensa que el Estado, inmovilista y represivo contra el independentismo por naturaleza, hubiera hecho este paso voluntariamente? Ya lo digo yo: no”, ha advertido la portavoz de la Generalitat, Patricia Plaja, sobre la derogación del delito de sedición para sustituirlo por el de desórdenes públicos agravados negociada por Esquerra y la Moncloa.

Un mensaje dirigido al conjunto del independentismo y especialmente a Junts, que asegura que esta reforma del Código Penal facilitará la extradición de Carles Puigdemont y exige explicaciones. En este sentido, el president Pere Aragonès comparecerá en el Parlament para rendir cuentas ante los grupos, aunque aún se desconoce el día exacto.

En pleno debate, eso sí, Esquerra exige más contrapartidas y avisa que el “objetivo final” es la “amnistía” y “que Cataluña vuelva a votar”, que la mesa de diálogo sirva para debatir “propuestas concretas para avanzar hacia la independencia”. “El PP tiene razón, los independentistas no nos conformaremos con esto”, con la reforma del Código Penal para derogar el delito de sedición, ha avisado la portavoz del Ejecutivo.

Ahora, el gobierno catalán ve “necesario” reformar el delito de malversación, pero se impone discreción en las conversaciones. Eso sí, ERC ya ha dado algunas pistas de por dónde quiere encarar este cambio: busca que “no se pueda condenar a nadie por un supuesto gasto que no se ha cometido”.

La Generalitat centra así la posible reforma en el ámbito “político” de este delito, con un matiz que puede ser clave en la estrategia del gobierno catalán: “Una reforma para que nunca más se pueda condenar a alguien por un supuesto gasto de dinero que no se ha ejecutado, como pasó por ejemplo en el caso del Tribunal Supremo”, ha aseverado Plaja en relación al juicio del proceso independentista.