Abogados y funcionarios cuestionan la estancia en prisión de presos con problemas de salud mental

Abogados y funcionarios de prisiones catalanas ponen el foco en la salud mental de los internos tras un episodio ocurrido en el Centre Penitenciari Quatre Camins, en La Roca del Vallès (Barcelona), el pasado 20 de septiembre, en el que dos presos agredieron a otro usando la barra y el disco de una pesa. Xavier Bosch, abogado de A.R., uno de los reos que presuntamente perpetró esta agresión, ha explicado a Europa Press que su defendido es un "interno vulnerable", con una discapacidad reconocida y trastornos psiquiátricos severos acreditados en informes hospitalarios, motivo por el que se recomendó su ingreso en un centro psiquiátrico.

La defensa considera que la situación era previsible y asegura que alertó del grave deterioro de la salud mental del interno y del "riesgo" que suponía su permanencia en un entorno no adaptado a sus necesidades, por lo que solicitó su ingreso en un centro psiquiátrico o unidad terapéutica externa o, alternativamente, en la enfermería de la prisión bajo supervisión continuada. Como él, el 60% de las personas privadas de libertad en prisiones de Cataluña presenta algún tipo de trastorno mental, según datos de la Conselleria de Salud remitidos por la Conselleria de Justícia a Europa Press.

En lo que respecta a la discapacidad intelectual, en 2023 se atendió a 263 personas en el programa de atención a la discapacidad en las prisiones catalanas, lo que representa un 2,7% de la población penitenciaria de aquel momento, según el último informe de la Sindicatura de Greuges. El profesor de Derecho Penal de la Universitat de Barcelona y director del Observatorio del Sistema Penal y de Derechos Humanos, Iñaki Rivera, considera que la prisión se está convirtiendo en "un depósito de personas con problemas mentales, con todo tipo de patologías y policonsumo".

Recuerda que las penas privativas de libertad deben imponerse sólo a personas que estén en sus "plenas facultades mentales", cuando sean conscientes de la culpabilidad de sus actos y disciernan entre el bien y el mal; de lo contrario, deben decretarse medidas de seguridad, como el internamiento en un centro psiquiátrico. Además, sostiene que la privación de libertad agudiza estos problemas, en ocasiones por el consumo de tóxicos dentro de prisión, es una "agravación sobrevenida" durante la ejecución de la pena impuesta.

Subraya la enorme dificultad para tratar a personas que padecen una patología mental, que considera que deberían recibir tratamiento farmacológico o psiquiátrico fuera del entorno penitenciario y que no deberían estar expuestas a sanciones disciplinarias, aislamiento o contenciones mecánicas: "Demuestra el fracaso de todo un sistema, que no rehabilita".

El jurista considera que el daño que sufre el conjunto de los internos, con o sin patologías mentales, es "múltiple", así como el que padecen sus familiares y los propios funcionarios de prisiones, que conocen de primera mano la situación en la que se encuentran algunos presos, que caen en un círculo de deterioro.

Fuentes del entorno penitenciario sostienen que "era cuestión de tiempo que pasara algo" como lo ocurrido en Quatre Camins, donde los internos de perfil vulnerable están en el Departamento de Atención Especializada (DAE), que en su día nació con el objetivo de realizar un seguimiento y prevención del consumo de drogas. Ahora, acoge a internos con discapacidad intelectual que, por su vulnerabilidad, necesitan una atención concreta que no pueden recibir en el régimen penal ordinario, asistidos por personal penitenciario que ha recibido formación específica.

"Entiendo que no deben estar en el mismo régimen que el resto de la población penitenciaria, pero es una manera irreal de afrontar la convivencia en estos módulos", asegura un funcionario, que habla de dotaciones escasas y que dice que le cuesta entender la obstinación de la Administración por preservar un modelo que aboga por una aplicación de un régimen penitenciario más laxo al ordinario.

Además, las fuentes penitenciarias refieren un "problema de salud mental creciente", aunque sin poder concretar si se debe a una mayor diagnosis que años atrás, a enfermedades congénitas o derivadas de un consumo de drogas, que se ha normalizado y que permea en las prisiones catalanas a través de visitas de familiares, internos que regresan de un permiso y, excepcionalmente, de funcionarios. En este caso, explican que ésta fue la causa del enfrentamiento que derivó en la agresión presuntamente por parte del citado interno de perfil vulnerable junto a otro compañero hacia un tercero y que, a causa de estos hechos, ha sido trasladado al Departamento de Régimen Cerrado (DERT).

La defensa del interno recuerda que el ingreso en un centro psiquiátrico "no busca eludir la responsabilidad penal", sino cumplir la pena en un entorno compatible con la protección de la salud y la finalidad de reinserción que marca la ley, como recogen los artículos 95 y 96 del Código Penal. "No suprimen la condena, garantizan su cumplimiento en condiciones de dignidad, seguridad y tratamiento adecuado", evitando que situaciones como las de la madrugada del día 20 de septiembre se puedan producir, insiste Bosch.

Por todo ello, pide que se realice una investigación exhaustiva para depurar las responsabilidades que pudieran derivarse tanto del incidente como de la presunta falta de atención por parte de la Administración a las solicitudes formuladas. También, que se apliquen protocolos para la protección de internos de alta vulnerabilidad, a fin de evitar que personas no conflictivas ni violentas acaben desarrollando conductas disruptivas por un sistema penitenciario que, en ocasiones, "prioriza el castigo frente a la reinserción".