Cerco de la oposición para dejar a Borràs sin su paga dorada

Cerco de la oposición para dejar a Laura Borràs sin paga dorada en caso de ser inhabilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El Parlament ha iniciado los trámites para revisar las prestaciones que cobran los ex líderes de la Cámara catalana con la vista puesta en la dirigente de Junts, acusada por corrupción y a la espera de una sentencia que está al caer.

En concreto, la Mesa ya ha admitido a trámite la proposición de ley del PSC para modificar las pensiones de los ex presidentes de la Cámara. También las respectivas propuestas presentadas por los Comunes y Ciudadanos que incluyen además a los ex presidentes de la Generalitat. Con el calendario en la mano, está previsto que las propuestas se tramiten por lectura única a petición de los grupos parlamentarios con el fin de acelerar los plazos. Un asunto que se abordará en la Junta de portavoces del próximo 11 de abril para incorporarlas al próximo pleno previsto del 18 de abril.

De hecho, el debate sobre el cambio de normativa –el asunto más espinoso que afronta al Cámara por la polémica levantada– llegará antes de las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Además, tiene muchas papeletas de coincidir con la sentencia del TSJC, prevista para abril en una recta final de precampaña de alto voltaje.

La proposición del PSC pide modificar la ley que regula las pensiones que reciben los presidentes del Parlament para rebajarlas de forma cuantiosa hasta prácticamente eliminarlas.

Si la sentencia de Borràs es condenatoria y la inhabilita, la Junta Electoral Central procedería a retirarle el acta de diputada y quedaría cesada del cargo de forma automática. Incluso así y según la normativa actual, Borràs seguirá ingresando gran parte de su salario como indemnización durante cuatro años, lo que implica recibir anualmente unos 120.000 euros (el 80%).

Además, la dirigente posconvergente podría incluso optar a ingresar una pensión vitalicia del 60% del sueldo cumplidos los 65 años, lo que representaría unos 90.000 euros al año. Una suerte de jubilación dorada que la oposición busca frenar de forma inminente.

En concreto, los socialistas piden que la indemnización a los ex presidentes de la Cámara sea del 20% y se ingrese durante máximo de seis meses; y que la jubilación sea del 10% bajo el argumento de adaptar una ley de 1998 a los tiempos actuales.

Los Comunes son más directos: quieren eliminar las pensiones vitalicias de los ex presidentes de la Cámara catalana y también las de la Generalitat en casos de corrupción. Una reforma pensada a raíz del caso Borràs, acusada de trocear contratos públicos para otorgarlos a dedo a un amigo suyo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes.

Por su parte, Ciudadanos registró dos proposiciones de ley para eliminar las pensiones vitalicias de los ex presidentes del Parlament, de la Generalitat y de ex consejeros. También para modificar la ley que regula el estatuto del jefe de la oposición.

Sea cual sea la propuesta final que prospere, lo cierto es que la reforma de las pensiones y retribuciones de los ex presidentes de la Cámara cuenta también con el apoyo de la CUP y la complicidad de ERC. Los republicanos son de nuevo decisivos ante la negativa de Junts.