Citados a declarar nueve directivos de TV3 por presunta malversación y prevaricación tras una denuncia de Societat Civil Catalana

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Sant Feliu de Llobregat, María Luz Barreiro, ha citado a declarar en calidad de investigados a nueve altos cargos y exresponsables de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), el ente gestor de TV3, Catalunya Ràdio y la Fundació La Marató. La decisión judicial se produce a raíz de la denuncia presentada el pasado 29 de abril por Societat Civil Catalana (SCC), basada en el Informe 2/2025 de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, relativo a la gestión económica de la corporación pública.

En su escrito, SCC solicitó la apertura de diligencias por los posibles delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, omisión del deber de perseguir delitos y otros relacionados con una presunta gestión ilícita de recursos públicos. La jueza consideró que los hechos «pueden ser constitutivos de un delito de los comprendidos en el ámbito del artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal» y acordó recibir declaración a los actuales dirigentes del ente.

Consultados por este medio, desde SCC se muestran "satisfechos" de que se les haya admitido la denuncia, pues consideran que TV3 "se ha utilizado de forma descarada como herramienta de adoctrinamiento nacionalista y separatista catalán, sembrar discordia entre catalanes y españoles, a construir una nación fundamentada en mitos y siempre en contra de España". Además, recuerdan que su gestión siempre ha sido "opaca", pues disponen de más medios que todas las televisiones privadas españolas juntas".

Entre los citados figuran los siete integrantes del actual consejo de gobierno de la CCMA, así como el director de la Marató, Lluís Bernabé, y el directivo Andreu J. Martínez. Según la providencia judicial, las declaraciones se llevarán a cabo en abril y mayo del próximo año.

El procedimiento se abrió formalmente en mayo, después de que la jueza admitiera a trámite la denuncia de Societat Civil Catalana. En el mes de julio, el presidente de la entidad, Álex Ramos, ya declaró ante el juzgado y se ratificó en los hechos denunciados. SCC sostiene que las irregularidades detectadas por la Sindicatura en los ejercicios 2021 y 2022 «podrían no ser casos aislados, sino parte de un patrón sistemático de gestión irregular con relevante impacto económico y posible trascendencia penal».

La organización pidió al juzgado que se practiquen diligencias adicionales para comprobar si estas conductas se han repetido en ejercicios anteriores o posteriores. Los nueve citados deberán comparecer la primavera del próximo año para responder ante la jueza sobre los presuntos sueldos sobredimensionados y las posibles irregularidades contables detectadas. Las diligencias se enmarcan en una fase inicial de investigación destinada a determinar las circunstancias en las que se produjeron los pagos, las personas que intervinieron y el alcance económico de los hechos.

El informe de la Sindicatura y el contexto temporal

El informe de la Sindicatura de Comptes en el que se basa la denuncia de SCC recoge irregularidades en las remuneraciones y otros pagos efectuados por la CCMA entre los años 2015 y 2021, es decir, durante los mandatos de la anterior dirección del ente. Sin embargo, los citados a declarar pertenecen a la actual cúpula, que asumió sus funciones en marzo de 2022 tras un acuerdo parlamentario entre PSC, ERC y Junts per Catalunya para renovar el consejo de gobierno.

En declaraciones a diversos medios, fuentes de la CCMA han subrayado que el informe fiscalizador hace referencia a decisiones de la anterior dirección, y que la actual «ha corregido» las anomalías detectadas. Asimismo, recuerdan que en un informe remitido a la jueza el pasado mes de julio, la propia Sindicatura advirtió que no había indicios de responsabilidades penales ni contables, por lo que no trasladó los hechos al Tribunal de Cuentas ni al ministerio fiscal.

Reacciones políticas y contexto interno

La citación judicial ha tenido también repercusión política. El diputado de Junts, Agustí Colomines, expresó públicamente su apoyo a los dirigentes del ente durante una sesión parlamentaria en la que se debatía una moción sobre la situación de la CCMA. Desde el atril, Colomines mostró su solidaridad con los investigados, en especial con la actual presidenta, Rosa Romà, consejera designada a propuesta de Esquerra Republicana de Catalunya.

El actual consejo de gobierno de la CCMA está integrado por Rosa Romà (presidenta), Àngels Ponsa (vicepresidenta), Lluís Garriga (secretario), Carme Figueras, Lluís Noguera, Gemma Ribas y Josep Riera. Todos ellos fueron nombrados en 2022 con el objetivo de renovar la estructura directiva de los medios públicos de la Generalitat.

En las últimas semanas, la corporación ha sido objeto de debate político y mediático por la reestructuración de marca que prioriza el sello 3Cat frente a las históricas denominaciones de TV3 y Catalunya Ràdio, una decisión que generó críticas tanto en el Parlament como entre los propios trabajadores, lo que llevó finalmente a una rectificación parcial.