Convivencia Cívica Catalana consigue suprimir el requisito del B1 de catalán para poder trabajar en seis ayuntamientos

El Ayuntamiento de Mollet del Vallés (PSC) ha decidido suprimir el requisito del nivel B1 de catalán para acceder a la oposición de ayudante de oficios y jardinería, tras una demanda presentada por Convivencia Cívica Catalana. Ángel Escolano, presidente de la entidad, anunció en redes sociales esta nueva victoria legal de la organización, que mantiene una ofensiva judicial contra lo que considera un uso abusivo de los requisitos lingüísticos en la administración pública catalana.

El caso de Mollet no es aislado. En los últimos meses, varios ayuntamientos catalanes han tenido que revisar o retirar exigencias similares después de recibir recursos de Convivencia Cívica Catalana o tras resoluciones judiciales. Entre ellos destacan los municipios de La Roca del Vallès, Granollers, Sant Boi de Llobregat, Viladecans y Manresa, donde se habían impuesto niveles B1 o B2 de catalán incluso para puestos de mantenimiento, limpieza o jardinería, trabajos con escasa interacción con el público.

La asociación sostiene que estas exigencias suponen una barrera de acceso injustificada y una discriminación indirecta hacia los aspirantes hispanohablantes, ya que los niveles de catalán requeridos no guardan proporcionalidad con las funciones del puesto. En la mayoría de los casos, los tribunales o los propios consistorios han acabado rebajando el requisito a niveles básicos (A1 o A2), o eliminándolo completamente.

En el caso de La Roca del Vallès, también gobernado por el PSC, el ayuntamiento modificó las bases de una convocatoria pública tras una reclamación similar. En Sant Boi, un procedimiento abierto para operarios municipales fue suspendido después de que Convivencia Cívica denunciara que el nivel de catalán solicitado no se ajustaba a las competencias reales del cargo.

Desde la Generalitat, en cambio, se defiende que el conocimiento del catalán es un requisito esencial para garantizar el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en la lengua propia de Cataluña. Sin embargo, las resoluciones recientes han abierto un debate político y jurídico sobre el alcance y la proporcionalidad de esas exigencias, especialmente en los puestos de carácter técnico o manual dentro de la administración local.

Convivencia Cívica Catalana ha adelantado que continuará su campaña legal “en defensa del derecho de todos los ciudadanos a acceder en igualdad de condiciones al empleo público”, mientras que los consistorios afectados estudian cómo adaptar sus normativas para evitar nuevas impugnaciones.